Los trabajadores no comunitarios que quieran cobrar el paro para regresar a su país de origen deberán esperar hasta finales de octubre o noviembre para hacerlo, según una iniciativa aprobada hoy por el Gobierno con carácter permanente.
Así lo ha informado hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tras la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley relativo al retorno voluntario de inmigrantes, que se tramitará en el Parlamento por vía de urgencia. La iniciativa, ha añadido, "no nace con voluntad de coyuntura sino de permanencia" y será un nuevo instrumento en la gestión de los flujos migratorios.
Según sus cálculos, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida se eleva a 87.000, con una duración media de la prestación del paro que oscila entre los 6 y los 18 meses. El plan permitirá a los inmigrantes percibir la prestación en dos plazos: el 40 por 100 en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por 100 en el país de origen, transcurridos treinta días naturales desde el primer pago.
A partir de la semana próxima, los interesados podrán acudir a las oficinas del INEM para recabar información, aunque no será hasta finales de octubre o principios de noviembre cuando el derecho sea efectivo, ha subrayado el ministro.
La medida está destinada a trabajadores desempleados de los 19 países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, pero el decreto ley deja abierta la opción de negociar con otros países interesados si garantizan cierta cobertura sanitaria y social. También menciona la posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dialogue con los países para ofrecer otro tipo de ayudas complementarias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho ha recordado que actualmente los desempleados pueden capitalizar su paro para montar una empresa o cobrar la prestación mes a mes hasta agotarla, dos opciones que se mantienen sin distinción de origen de los residentes y a las que ahora se añade esta nueva.
Para ello, el inmigrante se comprometerá a no volver a España en un plazo de tres años, pero si regresa a nuestro país al cabo de ese tiempo "recuperará íntegramente los derechos que hubiera acumulado", ha subrayado Corbacho. "Se trata de que si una persona retorna no pierda ningún derecho que había conseguido y que se entienda como una oportunidad para que la persona pueda emprender una nueva actividad en su país", según Corbacho.
Con ello se facilitarán las denominadas migraciones circulares, que permiten a las personas migrantes decidir su estancia en España de acuerdo tanto a las oportunidades laborales de su país de origen, como a las de España.
El proyecto de real decreto que desarrollará el real decreto ley hoy aprobado -que el BOE publicará mañana- deberá ser informado por las organizaciones empresariales y sindicales y dictaminado por el Consejo de Estado.
