Lucía tiene algo en su vientre que no desea. Se ha recorrido L’Hospitalet de Llobregat, donde vive, para que le ayuden a quitárselo. Ha visitado el hospital, un centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (Assir), el Centro de Atención Integral de la Mujer y el CAE La Torrassa. En todos le han pedido la tarjeta sanitaria. Pero ella no la tiene porque no puede empadronarse. Sin padrón y sin dinero, seguirá embarazada aunque no quiera. Lucía es el nombre ficticio de una historia real. Ella es una de las decenas de inmigrantes anónimas que no pueden acceder al aborto en Cataluña. ¿El motivo? Su situación administrativa irregular y la ausencia de padrón.
Abortar en la sanidad pública es gratuito, salvo si no tienes papeles. En ese caso, un tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo vía farmacológica cuesta 175 euros: muchas no pueden pagar.
