Aunque la mayoría de las comunidade estaban ya prestando la sanidad universal por su cuenta, en contra del criterio del Ejecutivo central, el anuncio del Gobierno de que dentro de seis semanas el acceso al sistema sanitario será gratuito para todo el mundo fue recibido ayer con satisfacción por parte de los afectados y las asociaciones que trabajan con ellos. Según cifras del anterior Ejecutivo del PP, solo en el 2012, cuando entró en vigor de la ley, unas 800.000 personas en toda España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Eran inmigrantes irregulares o familiares reagrupados.
Y también españoles que se iban fuera a buscar trabajo y estaban más de 90 días en el extranjero. «La derogación de la reforma sanitaria del PP supone revertir una situación que nunca tenía que haber sucedido», declaró el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. «La salud es un derecho inalienable y, al igual que la educación, requiere de políticas de Estado», añadió. Según él, el Gobierno de Rajoy no pudo demostrar nunca «ningún beneficio» de los prometidos cuando aprobó su reforma. En 2012, el año en que entró en vigor la reforma del PP, 800.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria.
Las consecuencias de esta medida han sido, en algunos casos, mortales. Para ello ya no hay vuelta atrás. Así lo reveló este año el informe Los efectos mortales de perder la cobertura sanitaria, publicado por la Universitat Pompeu i Fabra (UPF), según el cual, la ley provocó un aumento medio del 15% de la mortalidad de los inmigrantes irregulares.
