Las pruebas externas a las que se someten los estudiantes al final de la educación primaria y de la secundaria obligatoria; las inspecciones pedagógicas y rendiciones de cuentas que periódicamente han de superar colegios e institutos sirven de bien poco si no se incluye en estos exámenes o evaluaciones a maestros y profesores, piedra angular en la lucha contra fracaso escolar. Ya se pueden hacer auditorías para mejorar la calidad de la educación, afirman pedagogos, sociólogos y hasta los analistas de la OCDE, si no se acomete seriamente la calidad de la formación del profesorado. Lo han constatado también los inspectores de educación, que estos días celebran su congreso en Sant Feliu de Guíxols, donde han reclamado, entre otras cosas, la necesidad de que los docentes sean también evaluados.
"No tiene sentido pretender mejorar un sistema, en este caso el educativo, sin saber cuál es el perfil de las personas que lo hacen funcionar, sin conocer cómo trabajan o cómo se les puede incentivar para hacerlo mejor", observa Antonio Bolívar, profesor de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada y uno de los ponentes del encuentro organizado esta semana por la Associación de Inspectores de Educación catalanes.
De hecho, constata Bolívar, España es, junto a Portugal, uno de los pocos países europeos donde no se realizan evaluaciones periódicas del profesorado. Y en el país vecino, "cuando el anterior Gobierno socialista intentó hacerlo, las movilizaciones de maestros fueron tan grandes que lograron la dimisión de la ministra de Educación que se había atrevido a proponerlo", destaca.
ESTATUTO PENDIENTE Aquí, el Gobierno central lleva ocho años a vueltas con el denominado estatuto docente, el reglamento con el que quedaría regulada esta cuestión, "pero hasta ahora nadie, ni el PSOE, ni el PP, se han decidido siquiera a empezar a redactarlo", señala el profesor. Ese estatuto tendría que fijar los criterios para la selección y la formación inicial del profesorado, según anunció hace unos meses el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que se comprometió a abordarlo en cuanto la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, haya recibido la luz verde definitiva. Durante las legislaturas socialistas hubo dos intentos de elaborarlo frustrados por discrepancias con los sindicatos y falta de recursos.
En Cataluña, los únicos que son evaluados, desde la entrada en vigor de la ley de educación (LEC) del 2009, son los que empiezan, que han de presentar una programación sobre la materia que van a impartir y han de mostrar sus habilidades didácticas y de innovación ante un tutor y un inspector. Los que llevan años trabajando están eximidos, aunque pueden aspirar a un complemento salarial (un sexenio) si acreditan que han asistido a cursos de formación, que han publicado artículos en revistas especializadas, han participado en proyectos de innovación pedagógica o han sido tutores de algún joven maestro.
El problema, apuntan inspectores asistentes al congreso de Sant Feliu, es establecer criterios que también evalúen la docencia. "Tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, la complejidad del centro donde trabaja el profesor, valorar las metodologías aplicadas en el aula y cómo inciden en el aprendizaje de los alumnos...", apuntan. La evaluación no tendría que ser, necesariamente, con fines punitivos (para sancionar al docente que no dé la talla), "sino que debería de prever estímulos e incentivos".
ESTUDIOS REFORMADOS La reforma se ha limitado, de momento, a la creación de dobles grados de educación infantil y primaria (con clases en lengua inglesa, en algunos casos) y a la eliminación de la oferta del grado tradicional en 365 plazas.
El problema, con todo, no son solo los maestros de infantil y primaria, sino los profesores de secundaria, que ingresan en la carrera docente después de haber estudiado distintas titulaciones y haber cursado un máster para ser educadores. Hasta hace cuatro años, bastaba con estos profesores obtuvieran el certificado de aptitud pedagógica (CAP), tras unos meses de clases teóricas y un periodo de prácticas en institutos. El último programa electoral del PSOE (el partido que implantó el máster) recogió la creación de un MIR docente, ya que el máster se queda corto.
