Los inmigrantes sin papeles lo tendrán más fácil para normalizar su situación en España. El nuevo reglamento de extranjería, que entrará en vigor el 31 de enero, establece que serán los empresarios los que tramitarán directamente las solicitudes de sus trabajadores extranjeros en las oficinas de la Seguridad Social (INSS), como hacen con los empleados españoles.

Con la intervención de la Seguridad Social, el Gobierno pretende combatir el trabajo ilegal y las falsedades detectadas en los contratos en anteriores procesos de regularización. La involucración ahora de las empresas contratantes, gracias a un acuerdo con la patronal CEOE, hace casi imposible las falsedades, según sostiene el Gobierno central.

CCOO y UGT se encargarán de informar y facilitar la documentación a los trabajadores extranjeros. Con ello se pretende evitar los rumores malintencionados y que pueden caer en manos de las mafias. En España, el plan puede beneficiar a más de 800.000 inmigrantes, según cálculos oficiales.

Los requisitos indispensables para acogerse a la normalización son tres: llevar seis meses en el registro del padrón, tener una oferta de trabajo de al menos seis meses de duración. En la agricultura y construcción se sumarán los contratos temporales. Otro requisito será carecer de antecedentes penales, tanto en España como en países de origen.

SERVICIO DOMESTICO En la mayoría de los casos los empresarios harán los trámites. Sin embargo, hay excepciones, como las del servicio doméstico, en el que será el contratante particular quien efectúe la solicitud. En los casos de los empleados que trabajen en varias casas será el propio afectado quien lo haga y se le exigirá al menos 30 horas semanales de trabajo.

Una vez finalizado el proceso, los empresarios también efectuarán los trámites. A partir del 1 de agosto del 2005 se prevé la entrada en vigor del artículo 45-A, que establecerá las nuevas condiciones. Para los casos de arraigo laboral se exigirá una estancia de dos años en España y uno de trabajo. En las peticiones por arraigo social se pedirá tener parientes con más de tres años de residencia o un informe de los servicios sociales del ayuntamiento, así como tener una oferta de empleo. La secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró: "Quien no posea un contrato laboral no podrá tener papeles en España".