Unos 5.500 policías y 2.000 funcionarios de prisiones de Córdoba, la segunda provincia en importancia de Argentina, deberán someterse a exámenes de ADN ante la sospecha de que un violador en serie que actúa en la capital de la provincia, del mismo nombre, pertenece a las fuerzas de seguridad.
Más de 30 mujeres, casi todas adolescentes, han denunciado las agresiones sexuales. La última, de 17 años, dijo que su atacante la amenazó con un arma y actuaba como si fuera un policía. Una de las víctimas, de 20 años, difundió en la red una carta en la cual asegura que las primeras denuncias contra el violador se interpusieron hace dos años "y aún no ha sido atrapado".
