Colegios, orfanatos, hospitales, geriátricos... Desde los tiempos del mandato británico, las instituciones cristianas han disfrutado de exenciones de impuestos en Tierra Santa. Desde hace una década, sin embargo, Israel intenta modificar su fiscalidad imponiéndoles tasas municipales y catastrales. La alarma se ha disparado entre los cristianos. Su supervivencia económica, advierten, corre serio peligro. La primera visita de Benedicto XVI a Israel, que comienza el lunes, puede ser determinante en las negociaciones entre el Estado judío y el Vaticano para resolver el tema.

Esas negociaciones se han revelado como un escollo eterno. Tras establecer relaciones diplomáticas en 1993, ambos Estados se fijaron un periodo de dos años para llegar a un acuerdo sobre el régimen fiscal de la Iglesia Católica y la restitución de sus propiedades confiscadas. Pero han pasado 15 años de diálogo bilateral, lastrado por los cambios de timón en Israel y los altibajos en las relaciones entre cristianos y judíos, y el apretón de manos sigue sin llegar.

En esta travesía, Israel ha cambiado las reglas del juego y ha empezado a cobrar impuestos a las 13 denominaciones cristianas en Tierra Santa. Los lugares de culto están exentos, pero no sus colegios, hospederías, hospitales, apartamentos y locales. "Israel considera que estas actividades tienen ánimo de lucro y que al ser organizaciones gobernadas desde el extranjero no merecen privilegios adicionales", dice la analista del Instituto Harry Truman, Daphne Tsimhoni.

BENEFICIOS Nadie ignora que la Iglesia es uno de los grandes terratenientes de Israel. Solo en el Jerusalén occidental y judío posee el 25% de las tierras, incluidos los predios donde se levantan algunos de los emblemas del país, como el Parlamento o la residencia del primer ministro. Los beneficios de sus arrendamientos son pingües, pero las organizaciones cristianas insisten en que se reinvierten para cubrir los gastos de la red asistencial, destinada a las familias con menos recursos, principalmente árabes y palestinas.

"Si el Vaticano acaba aceptando el pago de impuestos, muchos hospitales y colegios tendrán que reducir sus servicios o cerrar completamente", asegura Yusef Dahar, director del Centro Interiglesias de Jerusalén. Para los cristianos más críticos, la medida persigue el mismo fin que las restricciones de movimiento y visados que Israel aplica a sus clérigos: hacerles la vida imposible para que se vayan del país.