La Fiscalía General del Estado quiere saber cómo controlan a los delincuentes sexuales en Italia y Francia para tratar de evitar casos como el de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, presuntamente asesinada por un pederasta que se encontraba en libertad pese a haber sido condenado por abusar de su hija. Así, la comisión creada por la fiscalía para estudiar este problema pedirá a los magistrados de enlace de estos dos países que informen sobre sus sistemas de control y seguimiento de los delincuentes sexuales.

En la primera reunión, celebrada ayer, también se planteó la unificación de los sistemas informáticos empleados por jueces, fiscales y policías para lograr una comunicación fluida sobre este tipo de delincuentes.

En cuanto a las circunstancias de la puesta en libertad del presunto asesino de la niña, la Junta de Jueces de Sevilla ha afirmado que hay "riesgo cierto" de que se repita un error como el cometido con el sospechoso de la muerte de Mari Luz, Santiago del Valle, por la sobrecarga de trabajo y porque la sustitución de las bajas se hace "por personal no cualificado y de forma tardía".

En esta idea coincide la Junta de Jueces de Cáceres, que considera que las irregularidades en el caso responden mayormente, a la "precariedad crónica" con la que la justicia ha de desempeñar su trabajo, refiriéndose a la carencia de medios idóneos para desempeñar eficazmente la función de los jueces y "al exceso de trabajo que tenemos que afrontar", añade una nota remitida a este diario.

Ante esto, la Junta de Jueces de Cáceres señala que una simple aplicación informática que automatizase los trámites o que contase con datos cruzados habrían evitado la elusión de la condena impuesta a Del Valle.

Así, el Consejo General del Poder Judicial se reunirá el lunes para decidir si toma medidas contra los jueces Javier González y Rafael Tirado, que condenó al presunto asesino.