El Tribunal de Cuentas italiano fijó ayer para el 13 de noviembre la vista contra al arquitecto valenciano Santiago Calatrava y tres ingenieros acusados de "daño al erario público" por errores cometidos durante la construcción del puente que el célebre arquitecto diseñó para Venecia e inaugurado en 2008.

Tras 10 años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, ha llegado a la conclusión de la existencia de un "crecimiento exponencial de los costes del puente". El presupuesto de la obra acabó siendo casi triplicado, desde los cuatro millones de euros del proyecto inicial hasta alcanzar los 11,7 millones de euros.

Los errores cometidos durante la construcción han provocado, según subraya Scarano en su informe, "un objetivo y desmesurado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestados". Ante esta situación, el fiscal del Tribunal de Cuentas pide 1.078.000 euros a Calatrava y más de 1.700.000 a cada uno de los responsables "únicos" de la dirección de los trabajos, Roberto Scibilia y Roberto Casarin.

Scarano señala que, en el futuro, el puente comportará "un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la Administración" dado que la obra padece "de una enfermedad crónica, que necesitará una vigilancia constante y diversas intervenciones que no están relacionadas de ninguna manera con el mantenimiento ordinario".

La construcción del llamado puente de la Constitución, que une la plaza de Roma con la estación ferroviaria de Santa Lucía, estuvo envuelta en una gran polémica desde el inicio y su coste fue uno de los aspectos más controvertidos. A las críticas por su elevado coste se sumaron las de los retrasos en la construcción, puesto que en el 2002 se había fijado un plazo de poco más de un año para finalizar la obra, pero esta no pudo ser inaugurada hasta el 11 de septiembre del 2008. Este puente es (junto al de Rialto, el de los Descalzos y el de la Academia) uno de los cuatro que atraviesan el Canal Grande de Venecia.