Japón camina hacia la energía nuclear dos años y medio después del accidente de Fukushima. Cuatro empresas eléctricas solicitaron ayer formalmente que 10 de sus reactores nucleares sean sometidos a inspecciones de seguridad. Aunque el camino se prevé aún largo y no se espera que reabran antes del año próximo, los expertos entienden el trámite como el corolario del propósito de abrazar de nuevo la energía eléctrica pese a que, tras aquel desastre, Tokyo anunció un horizonte sin centrales nucleares hacia el 2030. En la actualidad, solo operan dos de las 50 plantas atómicas del país.

Las cuatro compañías, que dan servicio en las zonas de Hokkaido, Kansai, Shikoku y Kyushu, tendrán superar unos controles exhaustivos durante unos seis meses a cargo de la Autoridad de Regulación Nuclear. El nuevo marco legal añade 12 requisitos como sistemas más seguros contra las fugas de radiactividad, centros de coordinación para emergencias, la previsión de actos terroristas y mayor protección contra fenómenos naturales como tsunamis, terremotos y tornados.

El giro normativo pretende acabar con el clima de impunidad del que disfrutó el sector durante décadas. Hasta ahora se entendía que las compañías se preocuparían de la seguridad de sus centrales para asegurar su inversión. La suposición quedó enterrada con Fukushima. La compañía que gestionaba la central había alardeado durante años ante sus accionistas de los recortes presupuestarios en seguridad. El resultado fue un muro protector de apenas la mitad de la altura de la ola que arrasó la planta en el 2011.

El movimiento antinuclear, languideciente desde entonces, apenas juntó ayer a unas docenas de activistas para protestar frente a la sede del órgano regulador. Denuncian que, aunque los requisitos sean más estrictos, ofrecen resquicios legales por los que el sector volverá a escurrirse. Citan, por ejemplo, el periodo de gracia otorgado a los reactores conocidos como PWR (los que cuentan con cámaras de almacenamiento más grandes, que dificultan las fugas de presión como la de Fukushima). Los reactores PWR, la mitad de los actuales, podrán funcionar sin cumplimentar las normas durante cinco años. Ninguno de los 10 reactores que serán inspeccionados ha instalado aún filtros de ventilación ni centros de coordinación para emergencias, según los documentos aportados ayer. Los antinucleares recordaron ayer que las plantas se asientan sobre tres fallas muy activas.

Cuando los tres equipos de 80 trabajadores hayan supervisado los reactores, las compañías tendrán que ganarse la confianza de los gobiernos. El trámite no es un imperativo legal.