Se notará ya en la nómina de este mes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de control de la judicatura, ultima la evaluación del trabajo de los jueces durante el último semestre del 2003 para establecer quiénes merecen un complemento en su salario por productividad. Las críticas al método de puntuación se han disparado entre las asociaciones de jueces, que coinciden en lamentar la "concepción mercantilista" de la evaluación de la administración de justicia.

Los jueces, 4.350 en toda España, han enviado durante todo enero al CGPJ sus folletos de control de rendimientos debidamente cumplimentados. Los que hayan superado en un 20% los baremos establecidos verán cómo su nómina se incrementa entre un 5% o 10% al mes. No será hasta el año que viene cuando se empiece a aplicar una reducción salarial a los que no alcancen el 80% de los objetivos.

Es difícil hacer un cálculo del incremento mensual en tanto que los sueldos son variados y dependen de la jurisdicción y la antigüedad. Pero sirva como ejemplo un caso concreto. Un magistrado de la Audiencia de Barcelona con 18 años de antigüedad --seis trienios-- cobra 5.938 euros brutos mensuales (988.000 pesetas) --3.954 euros netos (658.000 pesetas)--. Este bruto mensual está compuesto de sueldo base --1.712 euros (284.850 pesetas)--, seis trienios --374 euros (62.228 pesetas)-- y complementos por destino --2.086 euros (347.000 pesetas)--.

Si supera en un 20% el límite de trabajo establecido, en este caso 748 puntos anuales, podría cobrar un complemento máximo de 208 euros al mes (34.608 pesetas) y un mínimo de 104 euros (17.300).

Cada juez se rige por unos módulos que valoran con puntos (cada punto equivale a una hora de trabajo) las distintas resoluciones que adopta en función de la jurisdicción que ocupa (Social, Civil, Penal o Contencioso-Administrativa). Así, por ejemplo, un juez de instrucción contabiliza 100 puntos por cada guardia y 12 por concluir un sumario. Estos puntos se deben ir sumando hasta alcanzar la cifra estipulada como mínimo anual por el Poder Judicial. En función de la jurisdicción, la cifra varía.

Si se supera la productividad en un 20%, llega el plus. Si no se alcanza el 80%, el CGPJ abre un expediente para que explique su retraso. Si no se justifica, llegará la reducción de sueldo.

CRITICAS GENERALIZADAS Lejos de satisfacer, el método utilizado para medir el trabajo tiene enervada a toda la profesión. Un ejemplo de la unanimidad de las críticas es el hecho de que las tres asociaciones de jueces que aglutinan a la magistratura española coinciden en las quejas. Tanto las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Francisco de Vitoria como la progresista Jueces para la Democracia (JpD) echan por tierra el sistema. La profesión es partidaria del control de la productividad pero disiente del método que "de forma precipitada" impone el CGPJ.

La magistrada Concepción Sotorra, de la asociación conservadora Francisco de Vitoria, declaró: "La herramienta de medida está muy distorsionada y aboca a una fabricación masiva de resoluciones, y la cantidad no se traduce en calidad".

Los profesionales también acusan al CGPJ de no hacerles partícipes del debate previo a la reforma y de no reflejar en el reglamento sus sugerencias.

El Poder Judicial, en cambio, sí va a seguir las indicaciones de consultorías expertas en recursos humanos.