Las asociaciones de jueces soltaron ayer lastre y dejaron atrás la más impopular de sus reclamaciones: la subida salarial. Los cuatro grupos comunicaron al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que renuncian a obtener un incremento de sus sueldos dado el delicado momento económico del país. A pesar de que el escollo de las retribuciones quedó eliminado en la reunión de ayer, no se pudo llegar a un acuerdo para evitar la huelga convocada por las asociaciones para el 26 de junio.

Tras más de seis horas de negociación, Bermejo "agradeció" que los representantes de los jueces le hubieran asegurado que "su problema no es el retributivo", con lo que la demanda salarial "queda aparcada hasta que las condiciones económicas lo permitan". "Es un gesto a valorar muy positivamente", subrayó el ministro antes de anunciar que este año se estudiarán las posibles mejoras salariales para el futuro. El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Angel Gimeno, justificó la marcha atrás: "Comprendemos que por la situación económica del país no es el momento adecuado".

Pero a su colega de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, le faltó tiempo para corregirle. "Los jueces nunca hemos planteado una reivindicación de ese tipo, como se ha contado. Nunca hemos estado en eso. Lo que exigimos es que se cumpla lo previsto en la ley de retribuciones (que prevé que cada cinco años se revise el modelo salarial)", puntualizó antes de condicionar estas subidas a que vengan "tiempos mejores".

FALTA DE LEGITIMIDAD Bermejo quiso dejar "bien claro" que las cuatro asociaciones son "los únicos interlocutores legítimos" de su ministerio, ya que representan a la "inmensa mayoría" de los jueces y directamente a "más de la mitad" de la carrera (un 60% están asociados). Con esta frase, dejaba fuera de la negociación a los magistrados de las 20 ciudades (con Madrid y Barcelona a la cabeza) que se han descolgado de las asociaciones y han convocado huelga para el 18 de febrero. Según advirtió Bermejo, los huelguistas solo son "el 20%" de la judicatura.

Fuentes de los comités de huelga creados por las juntas de jueces que han convocado paro para el 18 de febrero explicaron ayer que, al menos, tienen el apoyo de 1.000 magistrados, que supone un 25% de la carrera, pues en algunas ciudades, como Bilbao y Valencia, no se votó. Insisten en que Bermejo también debería negociar con ellos y que, por ahora, mantienen su convocatoria.

El ministro anunció a las asociaciones su compromiso de incrementar casi un 30% (20 millones de euros más) el presupuesto para la modernización tecnológica de los juzgados, y centró la mayor divergencia con sus interlocutores en el señalamiento de los juicios, que pasará a los secretarios si se aprueba la nueva ley. "Es un tema que ya está en el Parlamento" se excusó. Las asociaciones intentaron sin éxito arrancar un compromiso a Bermejo para que convenciera a los diputados. Mañana el ministro se reunirá con las asociaciones de fiscales que también reclaman más medios materiales y humanos.