El juzgado que investiga la explosión ocurrida el pasado 14 de enero en el complejo químico de la empresa Iqoxe (propiedad del grupo extremeño Cristian Lay) en Tarragona, en la que fallecieron tres personas y otras ocho resultaron heridas, levantó ayer el secreto de sumario y dividió la causa en tres partes debido a su complejidad. Las pesquisas no se centran solo en la tragedia en sí, sino que se ha ampliado a otras presuntas irregularidades, como la concesión de licencias o realizar vertidos directos al mar.
La investigación todavía está abierta y se trabaja de forma «muy exhaustiva» tanto a nivel policial como judicial, lo que conlleva que no se disponga del atestado completo y que los resultados, en estos momentos, sean provisionales, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Aun así, y por su complejidad, el juez ha troceado el asunto en tres partes: una pieza principal y dos separadas.
La principal tiene por objeto la investigación de la explosión y de las actuaciones posteriores que se produjeron. En concreto, se centra en las presuntas deficiencias detectadas en la seguridad, la insuficiencia del personal de vigilancia, las condiciones laborales y en los defectos en el mantenimiento de las instalaciones y la maquinaria. De forma provisional, los delitos por lo que se enmarca esta pieza son los de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, daños y delito contra el derecho de los trabajadores.
ACTUACIONES BAJO SOSPECHA / Las dos piezas separadas se incoan por hechos que no tienen que ver directamente con la explosión, pero de la instrucción y resultados obtenido hasta ahora se desprenden la posibilidad de la comisión de otros delitos. En una de estas causas se pretende aclarar las actuaciones empresariales y administrativas en relación a las autorizaciones y licencias para algunos de sus reactores que conllevaron un incremento significativo de la capacidad de producción de la empresa. De lo investigado hasta ahora se podría estar hablando, de forma provisional, de un delito relacionado con los estragos.
En la segunda causa se investiga delitos relacionados con el medios ambiente, al desprenderse una actuación supuestamente negligente al hacer vertidos directos al mar, ya que la depuradora no tenía la capacidad suficiente para tratar la gran cantidad de residuos que producía.
Será el avance de la investigación la que fije la relación de delitos que pudieran imputarse a quienes aparezcan como investigados. En la actualidad y de forma provisional son: la empresa Iqoxe como persona jurídica y dos altos cargos de la compañía. También están personadas 12 acusaciones
La empresa y sus representantes legales expresaron ayer en un comunicado su satisfacción por la decisión del juzgado de proceder al levantamiento del secreto del sumario, tal y como la compañía venía reclamando meses atrás. Esta decisión «permitirá el conocimiento de la instrucción y, por tanto, la posibilidad de ejercer el derecho legítimo de defensa», añade.
También detalla que, tal y como la compañía ya ha demostrado esta semana en la presentación del informe de causas elaborado por el Instituto Químico de Sarrià, el objetivo de Iqoxe «no es otro que esclarecer los lamentables hechos», y expresa su convencimiento de que podrá «rebatir todos los hechos que se le imputan».
