El fiscal jefe del área de Alzira (Valencia), Javier Roda, ha elaborado un informe sobre el denominado crimen de Alcàsser en el que concluye que los delitos por los que fue procesado Antonio Anglés no se encuentran prescritos y que, en consecuencia, no se ha extinguido su responsabilidad criminal en el secuestro y posterior asesinato de Toñi Gómez, Miriam García y Desirée Hernández, halladas muertas en enero de 1993.Según ha informado el Ministerio Fiscal, este informe ha sido elaborado a petición del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Alzira, quien pidió el pasado noviembre a las partes personadas en la pieza separada que implica a Anglés en el triple crimen que se manifestaran en este sentido, cuando estaban a punto de cumplirse 20 años del crimen.
El fiscal del caso considera que la continuación de las investigaciones tiene "virtualidad suficiente" para interrumpir el plazo necesario para la prescripción del delito, que es de 20 años. El único detenido, Miguel Ricart, cumple una condena de 170 años de prisión y no saldrá hasta enero del 2023, de acuerdo con la doctrina Parot.
La Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular en esta pieza, ya manifestó al juez instructor su rechazo a la prescripción "al menos hasta 2029, teniendo en cuenta que las últimas diligencias practicadas de las que se tiene constancia datan de 2009".
En el informe, el fiscal considera que el delito no ha prescrito y que el plazo para comenzar a computar los 20 años establecidos en la ley debe partir del 14 de diciembre de 2009, fecha en la que hubo una resolución judicial en relación con las últimas actuaciones de investigación con valor interruptivo, que se habían acordado tres meses antes y que desplegaron eficacia.
Anglés huyó del cerco policial tras el descubrimiento de los cadáveres y nunca ha aparecido. Los investigadores creen que falleció en aguas de Irlanda durante su fuga. En septiembre del 2009, se ordenó intervenir el teléfono y el correo electrónico de una de sus hermanas, pero la intervención fue dejada sin efecto en diciembre de ese año.
