Si no hay denuncia formal, no hay investigación. Es lo que argumentó ayer una fuente judicial oficial para explicar que el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona no ha hecho ninguna diligencia a partir del acta notarial en la que el doctor Josep Maria Gil-Vernet explicaba a la autoridad judicial que "encontraba a faltar" el expediente médico del Rey de la consulta privada del edificio anexo a la barcelonesa Clínica Sant Josep.
Las mismas fuentes explicaron que la juez se limitó a investigar lo que fue, en origen, el motivo de la denuncia formal: las coacciones denunciadas por el doctor cuando, el pasado 10 de febrero, encontró la puerta de su consulta cerrada con cadenas y la pared llena de pintadas con mensajes amenazantes.
La denuncia del facultativo se produce en el marco del conflicto laboral que ha vivido la Clínica Sant Josep desde marzo del 2003, cuando, tras graves problemas económicos, la empresa cambió de manos a través de una subasta judicial
La misma fuente oficial explicó que, tras hacer las pertinentes diligencias sobre las coacciones, la juez sobreseyó el caso provisionalmente y acusó de una falta a una persona que había reconocido haber manipulado con silicona una puerta. El sobreseimiento provisional está recurrido en reforma; es decir, ante la misma juez. Tras este paso, aún queda la vía del recurso ante la Audiencia de Barcelona.
NOTICIA DEL CRIMEN A diferencia de lo que ayer aseguró esta fuente oficial, otras fuentes judiciales, entre las que se encuentran jueces y abogados, aseguraron que el acta notarial que el doctor hizo llegar al juzgado es más que suficiente para que la juez hubiera abierto una investigación. "La notitia criminis (noticia del crimen) poner en conocimiento del juez un presunto hecho delictivo puede hacerse por cualquier vía y el juez puede arrancar la investigación", explicó un magistrado que pidió el anonimato que, añadió: "Otra cosa es que la juez no haya querido entrar en el asunto".
De hecho, un portavoz de los trabajadores de la empresa explicó ayer a la agencia Efe que, en el juzgado que investigó las coacciones, "salió el tema de las historias clínicas y se nos preguntó si sabíamos algo". "El juez nos dijo que no contestáramos a la pregunta porque no venía al caso", añadió el portavoz de los trabajadores.
PREOCUPACION La denuncia por coacciones se produjo cuando aún era titular del Juzgado de Instrucción Número 14 de Barcelona el magistrado Adolfo Fernández Oubiña. El magistrado volvió a confirmar ayer que el doctor, que había presentado la denuncia al encontrar cerrada la clínica, le expresó su preocupación por la suerte del expediente del Monarca. "Le recomendé que, tras levantar acta notarial, presentara denuncia", dijo el juez. Oubiña aseguró ayer que su participación profesional en este tema acabó en este momento. Ahora es la magistrada María Cristina Ferrando la que está al frente del juzgado.
