El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria ha dictado un auto por el que acuerda la suspensión cautelar de la expropiación de los terrenos destinados a construir un polígono industrial en las cercanías de la capital soriana, que son propiedad de la familia Marichalar.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, explica, que "es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono".
El juzgado reconoce que se han pronunciado en el mismo sentido instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia que recuerdan "el grave impacto que tendría para ese paraje histórico y cultural de singular belleza".
La medida dictada por el juzgado se mantendrá en vigor hasta que exista una sentencia firme, según se recoge en el propio auto. La resolución judicial también subraya que no existe "especial urgencia" por parte del ente expropiante "ni perturbación si se adoptara una medida temporal de suspensión".
El acuerdo que se impugna por parte de la familia Marichalar, propietaria de los terrenos, data de agosto de 2008 y se refiere al acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Soria por el que se aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos en los que se pretende ubicar el polígono denominado Soria II.
La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo de Soria no es firme y contra ella cabe recurso de apelación en los quince días hábiles posteriores a la notificación.
La familia Marichalar recuerda a través de un comunicado, que en un auto similar del pasado 16 de diciembre, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria estimó la solicitud de Ignacio Javier de Marichalar y Saez de Tejada.
La familia Marichalar alegó, entre otros motivos, que la construcción de esta superficie industrial de 117 hectáreas por parte de la empresa pública Gesturcal en el entorno de Numancia y de siete Bienes de Interés Cultural "vulnera las normas de esta Comunidad Autónoma que protege el patrimonio cultural".
Los propietarios de los terrenos insisten además en el comunicado de prensa que dicho auto reitera que "el posible perjuicio al interés público o no existe o es mínimo" ya que no se trata de un procedimiento de expropiación urgente y porque la administración que expropia "persigue obtener reserva de suelo pero dispone de un plazo de cuatro años para mantener la reserva e iniciar las actuaciones".
Por último recuerdan que su postura contraria a la ubicación de este polígono ha sido también respaldada por la Mesa del Instituto de España, el departamento de Historia Antigua de la UNED, el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) o el Instituto Arqueológico Alemán, entre muchas otras instituciones.
