Una sentencia del juzgado de lo contencioso de Sevilla ordena la devolución de la paga extra de Navidad del 2012, suprimida por Gobierno, a un secretario del juzgado de paz de la localidad de La Rinconada, al considerar el recorte contrario a derecho. La sentencia es firme, sin posibilidad recurso, y a ella podrán acogerse los más de 61.000 funcionarios de la administración de justicia que hay en España.

Es la primera vez que un juez reconoce irregularidades en la supresión de la paga extra y que obliga a devolver íntegramente su importe, que asciende a una media de 1.400 euros, según han señalado fuentes del CSIF, sindicato que defendió la demanda del funcionario afectado.

En el auto, el juez señala una "anómala e ilegal aplicación" de las normas que recortaron la nómina de los trabajadores públicos, en concreto, para los trabajadores de la Administración de Justicia, cuyas relaciones laborales están reguladas por la ley del Poder Judicial.

LLEGA TARDE

El decreto del Gobierno suprimiendo la extra de Navidad entró en vigor a mediados de julio del año pasado. Para que se aplicara a los funcionarios de Justicia fue necesario cambiar la ley del Poder Judicial, algo que el Gobierno no hizo hasta finales de diciembre. En concreto, ese decreto no entró en vigor hasta el día 29 del último mes del año. Por ello, el juez establece que debe devolverse toda la paga ya que el trabajador afectado que ya "había devengado la totalidad" de la extra. "El legislador orgánico llegó tarde", dice la sentencia, a propósito de los cambios que el Ejecutivo tuvo que hacer.

Hasta ahora las sentencias recociendo fallos en la aplicación del recorte en la extra solo permitían la devolución de unos días de esa paga, los que van desde que empezó a devengarse hasta que se suspendió, los primeros 14 días del mes de julio. En este caso, es posible que Hacienda solo pueda quitar el importe de tres días de paga, desde el 29 de diciembre en que entró en vigor el decreto hasta el 31 de ese mes.

En su sentencia el juez de Sevilla no se pronuncia sobre si el recorte de la nómina es acertado o no o si los decretos del Ejecutivo con este fin se ajustan o no a la Constitución, pero sí considera que se trata de una "anomalía e ilegal aplicación de las normas por parte de la Administración".