La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de las ayudas fraudulentas concedidas con dinero público en Andalucía, conocido como 'caso ERE', ha impuesto este lunes una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones de euros al que fuera director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía entre el 2002 y el 2009 Antonio Lozano. Según el auto judicial, Lozano, que hace 10 días fue cesado como viceconsejero de Presidencia y fue número dos de la actual líder del Ejecutivo, Susana Díaz, llegó a reconocer que el sistema de concesión de ayudas no era el adecuado.
Lozano, que está imputado por prevaricación y malversación de capitales, declaró la pasada semana ante la jueza por un corto espacio de tiempo. Decidió interrumpir su comparecencia al entender que no se estaban salvaguardando sus garantías a causa de los reproches de Alaya y sus intentos por dictar las respuestas que se transcribían en el acta de la declaración, según explicó entonces su letrado. No obstante, a preguntas de la magistrada, el exviceconsejero admitió que el "mecanismo de transferencias de financiación no era el adecuado para conceder subvenciones" y que, no obstante, era el sistema usado por la Consejería de Empleo para conceder fondos a empresas en crisis para eludir los controles.
La facilidad a la hora de conceder de esas ayudas provocó que hubiera que realizar numerosas modificaciones presupuestarias, y según la jueza, Lozano aprobó 12 de ellas, por importe de 57 millones de euros. Para Alaya, se trata de un incumplimiento "flagrante" de la ley general de subvenciones y de la ley general de Hacienda Pública, y considera que Lozano contribuyó a "distorsionar la financiación" de la Administración pública y, aunque supo que podía impedir el uso de ese mecanismo, no lo hizo.
Cinco millones por año
"Parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación", señala el auto judicial.
En este sentido, Alaya establece una fianza de responsabilidad civil para hacer frente al posible daño causado a las arcas públicas de 46,6 millones a razón de cinco millones por cada año que estuvo al frente de la Dirección General andaluza de Presupuestos más el tercio legal previsto. Una cantidad sensiblemente inferior a los 76 millones que pedían las acusaciones populares ejercidas por el PP y Manos Limpias.
En otro auto emitido el pasado viernes, la jueza que instruye el caso de corrupción de los ERE ha dado marcha atrás y acepta que varios imputados puedan compartir defensa legal.
