La jueza María Roser del Pilar Calvo interrogará el próximo día 3 de octubre como imputado a Eduardo Castellón, fundador y primer presidente de la Fundación Intervida, a quien la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusa del presunto desvió de más de 175 millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños y que fueron captados por la oenegé. Por ahora, es el único de los seis querellados, entre ellos tres residentes en el extranjero, que han sido citados a declarar, según fuentes judiciales.

Poco antes de irse de vacaciones, la jueza dejó preparada la citación de Eduardo Castellón, considerado máximo dirigente del entramado vinculado a la Fundación Intervenida. Esta oenegé está gestionada ahora por tres administradores judiciales propuestos por la Generalitat para asegurar los proyectos de solidaridad que tiene en marcha en varios países, como Perú y Guatemala.

La policía, por su parte, está revisando la documentación incautada el pasado día 11 de julio en los registros efectuados en la sede de la oenegé Intervida, entidades de su entorno y los domicilios de tres querellados. Esta documentación pasará a manos de un perito para que realice un análisis contable.

La fiscala Carmen Martín Aragón se ha querellado por los presuntos delitos de estafa o apropiación indebida, delito societario y asociación ilícita no solo contra Castellón, también contra Rafael Puertas, cofundador y segundo presidente de la oenegé; Francisca Ruiz, secretaria del patronato, y tres excargos más de la fundación que ahora residen en Latinoamérica.

La querella subraya que "la única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Privada Intervida es la de captar dinero de los padrinos" y transferirlo a una red de asociaciones del Tercer Mundo. La fiscalía solicitó la intervención de varios teléfonos de la oenegé y de sus tres máximos dirigentes.