El suicidio asistido de María José Carrasco, con ayuda de su marido, Ángel Hernández, no será finalmente investigado por un juzgado de violencia machista, después de que la jueza se haya inhibido dado que existió una petición «seria y explícita» de la mujer de querer acabar con su vida. Esta jueza ha rehusado la inhibición del juzgado de instrucción número 25 respecto del asunto de este caso, al entender que la solicitud expresada a su marido «de forma seria e inequívoca» por parte de la esposa de poner fin a su vida, convierte este presunto delito en una excepción respecto a las conductas recogidas en la ley integral de violencia sobre la mujer.
«Si no hubiera existido esta solicitud expresa, seria e inequívoca de que la ayuden a morir hablaríamos de lo contrario», recoge el auto, que, a continuación añade que, desde una perspectiva criminológica este auxilio al suicidio de la persona enferma grave que lo solicita expresamente «no es la manifestación de ningún tipo de violencia física, psíquica o limitación de la libertad». «La inclusión en el ámbito de competencia de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer supone una interpretación literal incompatible con el objeto y la finalidad de estos juzgados», entiende la magistrada al respecto.
