El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL se han conformado hoy, durante el juicio del denominado "caso Belmonsa", con un año de cárcel y 18 años de inhabilitación, mientras que el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca ha aceptado una pena de nueve meses de prisión.
Roca deberá cumplir también cinco años de inhabilitación y pagar una indemnización de 2,4 millones de euros, al admitir el delito de tráfico de influencias del que se le acusaba, y en el caso de no abonar dicha cuantía económica tendrá que cumplir otro mes más de cárcel.
Además de Muñoz, los ex ediles Mario Jiménez, Rafael González y Manuel Calle se han conformado con una condena de un año de prisión y 18 de inhabilitación para el cargo de concejal por los delitos de prevaricación genérica y contra la ordenación del territorio, con lo que se rebaja a la mitad la pena de cárcel que solicitaba inicialmente para ellos la Fiscalía.
Por su parte, el ex edil José Marino Pomares ha aceptado una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que el que fue primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y la ex concejal Marisa Alcalá se han conformado con una pena de ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
En el caso de Román, que no ha estado presente en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga -debido a que, según su defensa, se encuentra en Estados Unidos para acompañar a su hija en una intervención quirúrgica-, el acuerdo queda pendiente hasta que el ex edil firme el escrito de conformidad.
El último de los acusados por el "caso Belmonsa", el abogado José Luis Sierra, que fue asesor jurídico del fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil, no ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público y las acusaciones, por lo que el juicio sigue para él.
En este sentido, Sierra ha negado en su declaración haber mantenido una reunión con los ex concejales del GIL en la que informara favorablemente para la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa, tal y como afirmaron los ex ediles, a los que ha acusado de mentir, según han asegurado fuentes de una de las acusaciones.
La conformidad alcanzada por los ex concejales del GIL, práctica que ha tenido lugar en varias ocasiones en los últimos meses, se enmarca en el acuerdo alcanzado por seis ex ediles de la Corporación de 1995 a 1999 por el que ingresarán en prisión para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están imputados, pacto sobre el que negocian los integrantes del Ejecutivo local de 1999 a 2003.
Los hechos enjuiciados se corresponden con la concesión de una licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Marbella a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde y viario público.
Las diligencias respecto a esta causa tuvieron que ser reconstruidas después de que desaparecieran en el robo de sumarios que tuvo lugar en verano de 2001 en los Juzgados de Marbella.
