El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco ex ediles han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación urbanística por el caso "Incopromar" sobre la concesión de una licencia para construir en suelo de uso público. En la comisión de gobierno que aprobó dicha licencia también participó un sexto edil, Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, que finalmente no ha sido juzgado al estar en paradero desconocido.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, y a la que ha tenido acceso Efe, absuelve al que fuera asesor jurídico del fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil, José Luis Sierra, así como al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, al que le fueron retirados los cargos durante el juicio.
Se consideran como hechos probados que los condenados aprobaron en Comisión de Gobierno el 4 de julio de 1997 otorgar licencia de obras a la empresa Incopromar -propiedad en un 95 por ciento del fallecido periodista Antonio Herrero- para la construcción de un edificio de diez plantas en suelo destinado a uso público. Dicha Comisión de Gobierno fue presidida por Julián Muñoz como alcalde accidental.
El fallo, en el que se decreta también la nulidad de la licencia de obras del proyecto de ejecución, atiende la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la concesión de la licencia, otorgada en 1997, y la celebración del juicio, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. Los ex concejales a los que se les ha impuesto la misma pena que a Muñoz son Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, José Marino Pomares y María Luisa Alcalá.
La sentencia establece que la licencia urbanística fue otorgada a la empresa Incopromar "al margen de cualquier planeamiento legalmente aplicable" sobre un proyecto de revisión del PGOU no aprobado, "hecho perfectamente conocido por todos los imputados en el momento de autorizar" la concesión. El fallo mantiene que no puede entenderse que los concejales "fueran personas totalmente ajenas al desarrollo normal de la actividad municipal", así como que estos "no pueden limitarse a votar según le digan, sino que su obligación es la de cerciorarse" de que sus decisiones "se ajusten a la legalidad vigente".
En los fundamentos de derecho se destaca que "no es procedente declinar la competencia de este Juzgado para el conocimiento de los presentes autos o suspenderlo para su acumulación a otro procedimiento en tramite", como pedían los abogados defensores, "ya que ello sería contrario a la economía procesal que debe regir, y en definitiva a la eficacia del enjuiciamiento que se vería dilatado aún mas".
Durante la celebración del juicio, el ex alcalde Julián Muñoz, en prisión desde hace casi 20 meses, se declaró inocente, aunque aseguró que aceptaría "lo que tenga que aceptar, hasta si fui el que hizo lo de las torres gemelas si es necesario", porque no quería pasar el resto de su vida en la cárcel.
En la sentencia se explica que Julián Muñoz estuvo presente en la comisión de gobierno y que durante la misma no hizo constar ninguna circunstancia que revelara una falta de competencia para la concesión de las licencias.
El juzgador concluye afirmando que los acusados son "sujetos activos del delito de prevaricación urbanística" derivada de su condición de concejales y apunta que "no existen dudas de que las Comisiones de Gobierno tienen consideración de órgano colegiado que se rigen por las normas de régimen local".
