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Comienza el proceso judicial en Almería

El jurado popular se enfrenta al reto de juzgar el ‘caso Gabriel’

Las declaraciones de los familiares y los forenses serán a puerta cerrada. El tribunal deberá olvidar todo lo que se ha difundido sobre la muerte del niño

 

Ana Julia, a la derecha, con una camiseta con la imagen de Gabriel, en una concentración. - JOSÉ LUIS ROCA

JULIA CAMACHO
09/09/2019

¿Es posible conseguir un jurado imparcial en una provincia donde raro es el vecino que no tiene una opinión formada sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos? Ese es el primer reto que se abordará hoy en el inicio del juicio contra Ana Julia Quezada, acusada de la muerte de Gabriel Cruz, el hijo de su entonces pareja.

El caso mantuvo en vilo a todo el país durante dos semanas en marzo del 2018 y su resolución fue retransmitida al segundo. Expertos jurídicos auguran que será un juicio complicado por cuanto el caso parece estar ya más que juzgado por la presión mediática. Coinciden en que será fundamental la labor de la magistrada presidenta a la hora de orientar al jurado, ciudadanos inexpertos en impartir justicia, para que más allá de sus propios prejuicios se ajusten a las cuestiones objetivas sobre las que deben pronunciarse.

Las asociaciones judiciales han pedido a la prensa un tratamiento escrupuloso sobre el proceso. Su objetivo no es solo evitar un «circo mediático» y salvaguardar la intimidad del niño en una vista que ha levantado enorme interés y para la que se han acreditado 30 medios. También se trata de respetar la presunción de inocencia de la acusada, que hasta ahora solo ha admitido una muerte accidental. «No se puede dar por sentada siquiera su culpabilidad, la presunción de inocencia está ahí», resalta Judith Sáiz, portavoz regional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.

VISTA PÚBLICA / Tanto los padres del pequeño, que entonces tenía 8 años, como la defensa de Quezada hubieran preferido un proceso a puerta cerrada para evitar el torbellino mediático. La jueza ha atendido en parte sus peticiones y las declaraciones de los familiares del niño serán sin público. También la intervención de los forenses, que deberán detallar las condiciones en las que falleció el menor.

La angustia de los padres por la desaparición de su «pescaíto», como apodaban a Gabriel por su afición al mar, generó una ola de empatía por todo el territorio. El hallazgo de su cuerpo y las condiciones en las que al parecer se produjo su muerte conmocionaron también al país. «El caso cobró especial protagonismo por un cúmulo de circunstancias: era un menor, quien confesó su muerte pertenecía al entorno familiar, la desaparición se vivió segundo a segundo por la tele... Hay una serie de factores que lo hacen especialmente complicado», concede Sáiz.

En la misma línea se pronuncia la propia abogada de Quezada, Beatriz Gámez, que resalta otras muertes de menores en las no se generó tanta expectación. A diferencia de estos, Quezada «está demonizada, es peor que Satán», compara la letrada, que accedió al caso por turno de oficio y que recibió críticas e insultos por defender a quien muchos consideran una asesina. La defensa hubiera preferido un tribunal profesional, que habría emitido un veredicto «más justo», según llegó a decir Esteban Hernández-Thiel, compañero de Gámez.

LA IMPARCIALIDAD / Algunos juristas apuntan otros factores negativos en juego y que tienen que ver con el hecho de que la acusada y autora confesa responda a los prejuicios más ocultos de una parte de la población: es mujer, negra e inmigrante. «El juicio se inicia ya con el sambenito de que Quezada es culpable», reflexiona Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia. El jurista añade que la propia puesta en escena durante el juicio puede ahondar en esa falta de presunción de inocencia, recordando que en otro caso mediático con niños como víctimas, el de José Bretón, éste permaneció esposado en la vista, lo que contribuyó a forjar una idea de culpabilidad.

El jurado está compuesto por nueve personas seleccionadas por sorteo previamente de entre un grupo de 30. Las partes, acusación particular y fiscalía por un lado y defensa por otro, podrán vetar a cuatro de ellos sin justificación alguna. «Se trata no tanto garantizar la imparcialidad como que, sobre todo, esta imparcialidad se presente como real para las partes», detalla Sáiz. «El papel del juez será fundamental, pues debe recordar a los miembros del jurado que tienen que intentar aislarse y que, aunque sea difícil, el objeto del veredicto debe ceñirse a las pruebas», explica. Por cada día que dure el proceso tendrán una retribución económica de 67 euros, más dietas para alojamiento y comida si residen fuera.

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