La Fiscalía pide 25 años de prisión por asesinato para un joven acusado de haber atropellado mortalmente a un vigilante de una discoteca de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), tras haber sido expulsado del local por otro guardia de seguridad.

En la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra Bruno G., a quien el ministerio público acusa de un delito de asesinato, otro de intento de asesinato por haber intentado atropellar a un segundo vigilante, y una falta de daños.

El atropello mortal ocurrió el 9 de febrero de 2003 a las puertas de la discoteca Área Cóndor de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), donde el procesado había ido a bailar con un grupo de amigas en un coche que había cogido prestado a su madre.

Según mantiene la fiscalía, el procesado golpeó varias veces con un extintor el automóvil de uno de los vigilantes de la discoteca, que estaba aparcado a las puertas del local, y posteriormente lo embistió con su propio coche.

Varios vigilantes de seguridad acudieron a avisar al propietario del automóvil, que seguía en el interior de la discoteca, y todos ellos se concentraron entorno al vehículo arrollado para examinar los desperfectos que éste había sufrido.

En ese momento, sostiene el ministerio público en sus conclusiones provisionales, el procesado aceleró el coche a toda velocidad contra los vigilantes y atropelló a dos de ellos, uno de los cuales murió dos días después a consecuencia del impacto, mientras que el otro sufrió varias heridas.

En su declaración ante el tribunal, el procesado ha explicado que esa noche había tomado cuatro o cinco cubalibres y que atropelló a los vigilantes sin darse cuenta, al perder el control del vehículo cuando se disponía a salir de la calle donde se encontraba la discoteca.

Ha admitido, no obstante, que con un extintor golpeó el vehículo propiedad de uno de los guardias de seguridad, enojado porque un vigilante le había expulsado de la discoteca, dándole un puñetazo y lanzándole escaleras abajo, tras sorprenderle asomándose por una puerta de emergencia del local.

La Fiscalía pide que el joven indemnice con más de 100.000 euros a las víctimas del atropello, pago que en caso de que él no pudiera pagar asumiría la compañía aseguradora o, en su defecto, su madre.

Tras permanecer siete meses en prisión preventiva, el procesado encontró trabajo y, desde octubre del año 2003, ha ido haciendo pagos periódicos a las víctimas y sus familiares porque, según ha explicado ante el tribunal, "ésa es la única manera de pedirles perdón".