La sentencia contra los cinco miembros de La manada por abuso sexual y no por violación está abriendo una brecha entre la justicia y los ciudadanos. Miles de personas han mostrado en la calle -32.000 ayer en Pamplona- y han ventilado en las redes sociales su indignación y rechazo al fallo judicial dictado por la Audiencia de Navarra sobre el ataque sufrido por la joven en los Sanfermines del 2016. Jueces y fiscales han criticado de forma individual los argumentos utilizados por el tribunal, pero sus asociaciones profesionales están cerrando filas con los magistrados que condenaron a nueve años de prisión a los acusados, frente a los 22 años solicitados en el juicio por la acusación pública.

La mayoría de los abogados, jueces y fiscales disconformes con la sentencia coinciden en reclamar una mayor formación de los magistrados en los delitos contra la mujer, e incluso una selección más rigurosa a la hora de otorgarles la plaza. La mayoría, que no todos, también ven necesaria una reforma del Código Penal como la que estudiará el Gobierno, encaminada a tipificar como agresión y no como un simple abuso conductas como la de los condenados. Los procesados obligaron a la muchacha a hacerles felaciones y la penetraron por el ano y la vagina.

EXIGEN RESPETO / La Asociación de Fiscales se sumó ayer a otras organizaciones judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, y exigió «todo el respeto» a las resoluciones judiciales, «aunque no se compartan», ya que «constituyen un pilar fundamental del Estado de derecho y de la democracia». En un comunicado, la asociación sostiene que la «ley prevé un sistema de recursos» para «hacer valer las discrepancias» con las decisiones judiciales.

La organización profesional destaca que los fiscales son «profesionales independientes no sometidos a otro imperio que el de la legalidad y cuya labor se basa en la defensa de los derechos de la sociedad y, muy especialmente, de las víctimas». La asociación lamenta también la «facilidad» con que, en tantas ocasiones, «se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos, se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia, se realizan manifestaciones carentes de rigor».

«CRÍTICAS HASTA EL INSULTO» / La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, por su parte, sostiene que «el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado». Esta cuestión, argumenta, es «perfectamente compatible» con la «critica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto». En opinión de este colectivo, la sentencia objeto de «furibunda y exacerbada crítica» se ha dictado «tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción», se ha redactado tras «previo e intenso debate deliberativo» y está «sobradamente» motivada.

Pocas veces se ha visto una discrepancia tan manifiesta entre una resolución judicial y la opinión ciudadana, que se ha manifestado categórica y masivamente contra la sentencia. Los jueces de la Audiencia de Navarra han sacado a la gente a la calle. Las redes sociales arden cada minuto de indignación. Las plataformas feministas piden cambios: culturales y en el Código Penal. Si es un punto de inflexión está por verse, pero la percepción de la justicia ha quedado bastante tocada.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, sostuvo el viernes que cuando las críticas a las sentencias consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas «se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y magistrados profesionales, independientes e imparciales».