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Legalizar el cannabis podría reportar 3.300 millones al año

El marco legal de la UE dificulta emular a Canadá o regiones de Estados Unidos. Un estudio dice que habría altos ingresos por los impuestos y 92.000 empleos

 

RAFA JULVE epextremadura@elperiodico.com BARCELONA
18/11/2018

Para que nadie se llame a engaño, los resultados de las cuentas que se presentan a continuación se publicaron en la revista Cáñamo de octubre, por lo que el posicionamiento prolegalización es evidente. Dicho esto, tampoco nadie puede discutir que regularizar ese negocio le reportaría al Estado unos ingresos de los que ahora solo disfrutan los narcotraficantes. Lo deja bien claro y detallado en aquel artículo David Pere Martínez Oró, coordinador de la unidad de políticas de drogas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y doctor en Psicología Social. Según sus cifras, España recaudaría más de 3.300 millones de euros al año si legalizara el cannabis.

Para empezar, este investigador subraya que lo más importante fue definir el modelo de regulación. En su opinión, aquí no serviría el de las grandes multinacionales que operan en ciertos estados de EEUU o Canadá, sino una estructura con autocultivo, clubs sociales y dispensarios (empresas, emprendedores y cooperativas). El primero cubriría el 10% de la demanda; los segundos, el 20%, y las cañamerías o estancos de maría se ocuparían del resto, salvo de un 15% que el autor reserva para un mercado negro que no desaparecería del todo.

Pero antes de llegar a esa fase cabe aclarar cuál sería el volumen de la demanda, interrogante que Martínez Oró resolvió acudiendo a la encuesta EDADES del Plan Nacional sobre Drogas y a los datos del Instituto Nacional de Estadística. A saber: el 9,5% de los residentes en España de 15 a 64 años han consumido cannabis en el último año y el 2,1% lo hacen a diario. Partiendo de ahí y de que los que fuman diariamente emplean unos tres gramos de cannabis diarios, los que lo hacen 25 días necesitan dos gramos... la producción legal precisaría de más de 820.000 kilos. Además, a esta cifra habría que sumar la demanda de los turistas que consuman.

OCHO EUROS EL GRAMO / Basándose en la situación actual y en experiencias foráneas, el autor establece que el distribuidor final vendería la marihuana a ocho euros el gramo, lo que comportaría un volumen de negocio superior a los 8.500 millones. Sería esa cantidad sobre la que correspondería sacar rédito tributario. Sin entrar en todas las operaciones que efectúa Martínez Oró y yendo directamente a los resultados, España recaudaría más de 1.500 millones en impuestos indirectos como el IVA y más de 1.800 en gravámenes directos como el impuesto de sociedades y el IRPF, ya que para mantener el negocio serían necesarios cerca de 92.000 puestos de trabajo.

«En realidad, la millonada aún sería mayor, ya que en el artículo solo hago referencia al cáñamo recreativo, cuando el Estado podría ingresar fondos del medicinal, el textil, la industria cosmética... incluso estableciendo tasas medioambientales a quien cultivara en interior porque contamina y gasta mucha energía», afirma el investigador de la UAB, que advierte de una condición difícil de vender políticamente: para encarrilar la legalización no se podría gravar al cannabis con tanta contundencia como los cigarrillos (el 51% del precio final corresponde a tres impuestos especiales). «Si lo hiciéramos así de inicio, el gramo costaría 15 euros, lo que haría imposible competir con el mercado negro; yo lo dejaría en 8 euros, lo más barato posible, el Fortuna del cannabis», avisa Martínez Oro.

¿Y lo que tendría que gastar el Gobierno en atención sanitaria por más problemas con el cannabis? El autor sostiene que el número de consumidores sería casi idéntico al actual «porque ahora quien quiere consumir ya puede hacerlo». En estos momentos, añade, «el 20% de las urgencias hospitalarias relacionadas con drogas se deben al cannabis, pero son problemas menores, que nada tienen que ver con la heroína y la coca». «Más problemas de salud pública provoca el alcohol», afirma. La legalización debería acompañarse de una «limitación de la publicidad y controles muy estrictos para proteger a los menores», pero ello, admite, chocaría con un gran escollo: «Regularlo generaría mucha controversia en la Unión Europea porque un país sacaría dinero de un negocio que otros prohíben».H