El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no pudo evitar que el análisis de la reforma de la ley del aborto efectuado por el Consejo Fiscal derivara en un enfrentamiento ideológico que le obligó a remitir dos informes al Ministerio de Justicia: uno suscrito por los progresistas (cinco votos) y otro por los conservadores (seis votos).

Las discrepancias más significativas entre los dos bandos se centran en los derechos del feto y de la mujer que decide interrumpir voluntariamente el embarazo.

Para los conservadores, la reforma legal es "inconstitucional", mientras que los progresistas la avalan para solucionar las "deficiencias y las desviaciones" de la actual legislación, que ya ha cumplido 25 años.

Para los conservadores, el aborto "sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus". Por ello, reclaman al Estado que se "abstenga de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación". Por contra, los progresistas sostienen que la reforma no reconoce un derecho al aborto, sino que ofrece "garantías " a la interrupción voluntaria del embarazo.

LAS COINCIDENCIAS El Consejo Fiscal --el generalato de la fiscalía-- sí coincidió en reclamar un límite temporal de 22 semanas para practicar un aborto por causas médicas. Por su parte, los progresistas cuestionan al Gobierno por no haber explicado suficientemente las razones que le han llevado a optar por legalizar la interrupción en las primeras 14 semanas.

Otro de los puntos concordantes hace referencia a la postura del Gobierno de permitir a las menores de 16 años interrumpir el embarazos sin el consentimiento de sus padres. El Consejo Fiscal se inclina por una solución intermedia y apoya que los padres reciban esta información para aconsejar a sus hijas, pero rechaza que puedan limitar su voluntad.

Los fiscales conservadores recriminan al Gobierno que se olvide de "la obligación de los padres de velar por sus hijos no emancipados". Por ello, subrayan que "no es lo más adecuado" que las menores prescindan del "consejo y apoyo" de sus padres cuando están embarazadas y se plantean la posibilidad de abortar.

A pesar de ello, estos fiscales tampoco apoyan que la decisión sea "adoptada por los padres".