El Gobierno ha modificado el anteproyecto de Ley General Audiovisual para prohibir la emisión de pornografía y violencia gratuita en abierto, según recoge el dictamen del Consejo de Estado a la futura norma, que precisa este cambio respecto al texto presentado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros el pasado verano.

Así, en los documentos remitidos por el Ejecutivo al Consejo de Estado, Presidencia incorpora la prohibición de la emisión de la pornografía y la violencia gratuita, salvo que se garantice el acceso condicional y la posibilidad de control parental. Inicialmente, el anteproyecto preveía la posibilidad de que dichos contenidos pudieran ser emitidos en abierto de madrugada.

Además, el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, también menciona otro cambio del Gobierno para incrementar la protección de los menores con respecto a la comunicación comercial introduciendo en el anteproyecto que éstas "no deberán producir perjuicio moral o físico a los menores" y que se prohíbe la comunicación comercial dirigida a éstos cuando pueda explotar "su admiración hacia terceros".

Junto a estas modificaciones, la nueva redacción del anteproyecto incluye que "todos los productos audiovisuales distribuidos a través de servicios de comunicación audiovisual deben disponer de una calificación por edades". Asimismo, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que se creará con la futura ley, asume la vigilancia y contro de las calificaciones, en vez de ser las propias cadenas las que las controlen.

El Consejo de Estado, que en términos generales considera que el antrepoyecto "cumple de modo razonable sus objetivos", "valora positivamente" los cambios en lo referente a protección de menores, aunque se muestra más crítico respecto a otros temas. Así por ejemplo, reconoce que la norma "podría ser más amplia en cuanto a la exigencia en accesibilidad" y aboga por dotar al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) de más competencias.

En este sentido, el órgano consultivo señala que "merecería la pena sopesar la posibilidad de introducir a favor del CEMA competencias adicionales de resolución de conflictos", tal y como solicitaron la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la empresa ONO. Concretamente, el Consejo de Estado aboga por atribuir al CEMA de la resolución en vía administrativa de conflictos.