Una vez superada la peor fase de la crisis sanitaria, el Gobierno y las Cortes retoman poco a poco su actividad legislativa, con disposiciones nuevas y otras que se quedaron en el tintero debido al adelanto electoral. Entre ellas, la ley de bebés robados, que fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre del 2018 pero no llegó a aprobarse. Ante ello, la Cámara baja tiene previsto debatir esta tarde, de nuevo, su toma en consideración, que previsiblemente será apoyada por todos los grupos salvo Vox.
Queda un proceso largo pero como la mayoría de partidos ha mostrado su disposición a trabajar y llega al principio de la legislatura, confiamos en que esta vez sí llegue a aprobarse, explica Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, impulsora de la iniciativa dentro de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina.
CAMBIO DE PARADIGMA
De llegar al boletín oficial del estado, la norma cambiaría completamente el paradigma actual, en el que las familias buscan por su cuenta a los bebés robados o estos a sus progenitores, con escaso éxito debido a la dificultad de acceso a la documentación necesaria, el tiempo transcurrido o la falta de bancos de adn. Tampoco se ha conseguido enjuiciar a los presuntos promotores del robo de bebés durante el franquismo y la transición, dado que de las 2.134 diligencias de investigación iniciadas por la fiscalía, sólo 516 han continuado la instrucción, el resto se ha archivado, mayoritariamente por la prescripción de los delitos. Y de las 516, tan sólo ha sido declarado responsable del robo de una recién nacida en 1969 el doctor fallecido Eduardo Vela, quien fue también absuelto por prescribir el delito.
Frente a ello, la ley establece que sea el Estado el que asuma la búsqueda activa de los bebés robados y su identidad. No serían las víctimas, como hasta ahora, las que tienen que hacer de detectives, explica Luque. Asimismo, crea una fiscalía y unidades de policía especializadas y los delitos serían considerados de lesa humanidad y, por tanto, no prescribirían, acabando con la disparidad de criterios que los tribunales aplican en la actualidad.
Otra de sus disposiciones obligaría a las administraciones públicas y a la Iglesia católica a abrir sus archivos, lo que podría ser útil a los juzgados, a la hora de investigar, o a cualquier ciudadano interesado y que quiera acceder por su cuenta.
