La ley que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para acabar con la burbuja del alquiler ha llegado ya al Congreso. Representantes de la organización antidesahucios la registraron ayer junto a los grupos parlamentarios que han querido suscribirla: Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH-Bildu. Ahora su futuro depende de si el Gobierno ejerce el derecho de veto por motivos presupuestarios y la mesa, donde tienen mayoría PP y Ciudadanos, lo acepta.
Las medidas clave de la ley en lo que respecta al alquiler son tres: alargar la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, referenciar las actualizaciones anuales al IPC y una regulación de los precios a través de índices de referencia «como ya se hace en París o Berlín». Las tres coinciden con las reivindicaciones de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, las ciudades más afectadas por los precios disparatados y el alud de casos en que los propietarios echan a los inquilinos al cumplirse el plazo de tres años para dedicar el inmueble a actividades más lucrativas.
El proyecto establece la creación de un índice de referencia a escala nacional, pero se subraya que tendrá prioridad el que puedan imponer los distintos ayuntamientos. Es decir, que luego su cuantificación quedará en manos de las entidades locales, que podrían adaptarlo mejor a los barrios o las características socioeconómicas de los distritos.
