La futura ley de Cambio Climático blindará las zonas de bajas emisiones (ZBE) como las implantadas en Barcelona y Madrid. Cualquier medida regresiva como las previstas por el alcalde José Luis Martínez Almeida para Madrid Central deberá contar con el informe positivo de la administración superior que sea competente en la materia. La nueva norma obligará, además, a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes a establecer este tipo de restricciones mediombientales a más tardar en el 2023.
El borrador de la ley conocido hasta ahora se limitaba a impulsar la creación de estas áreas en los citados municipios, pero no era obligatorio. Tampoco establecía ninguna limtación para la marcha atrás. Ahora deberá ser la Aministración Central o la autonómica la que autorice estos cambios.
El anteproyecto de la ley de cambio climático fue aprobado por el anterior Gobierno el pasado febrero pero no pudo tramitarlo por el adelanto electoral. En la declaración de la emergencia climática aprobado el pasado enero por el Ejecutivo Central, este se comprometió a remitirlo al Congreso antes de 100 días. Antes deberá pasar, este lunes por el filtro del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), y en los próximos días por la Conferencia Sectorial de las Comunidades Autónomas y el Consejo de Estado.
EL 25% DE LOS GASES
El ministerio argumenta para tomar este tipo de iniciativas que en el 2018 el tráfico por carretera representó un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los causantes de la crisis climática y, de ellas, un tercio se concentraronn en aglomeraciones urbanas. Es, además uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.
El anterpoyecto también incluye la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de impulsar la movilidad eléctrica compartida y la creación de una plataforma de internet de información sobre los puntos de recarga.
