El Gobierno aprobó ayer, después de más de cinco años de elaboración, el proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutrición que veta la venta y exposición en los colegios de alimentos y bebidas --como bollos, golosinas, chucherías y refrescos-- que no cumplan criterios saludables. La nueva normativa vigilará que no se vendan productos para menores con altos contenidos en grasas, sal y azúcar. También establece, por primera vez y como principio general, "la prohibición de discriminación por obesidad", que se concretará reglamentariamente más adelante.
La composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar, según recalcó la titular del Ministerio de Sanidad, Trinidad Jiménez, es una cuestión primordial de la futura ley. Por eso, propone entre otras medidas que la industria minimice las llamadas grasas trans producidas en la fabricación para alargar la vida de los alimentos y que han demostrado que producen daños en las arterias y aumentan el nivel de colesterol.
CRITERIOS COMUNES La nueva ley establece, por primera vez, criterios comunes para toda España sobre las características nutricionales de los menús en los comedores escolares por grupos de edad, su contenido energético, la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos y el tamaño de las raciones. Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres información detallada sobre ellos y directrices para que la cena sea complementaria.
Jiménez resaltó que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la última encuesta nacional de salud, uno de cada dos adultos es obeso o tiene sobrepeso y que esta es, después del tabaco, la segunda causa de muerte evitable. Entre los menores, el 9,13% tienen obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños padece un exceso de peso. "Una auténtica amenaza en materia de salud pública", según resaltó Jiménez.
La ministra de Sanidad precisó que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional supone el 7% del gasto del Sistema Nacional de Salud, unos 2.500 millones de euros anuales.
La nueva normativa prevé erradicar la publicidad destinada a los menores de 15 años de los productos que no cumplan los requisitos exigidos y evitar de esta manera el "efecto inductor" que invita a los adolescentes a consumirlos. Pero en lugar de adoptar una rigurosa prohibición que contemple sanciones, se ha adoptado el desarrollo de sistemas de autorregulación mediante acuerdos con los operadores económicos y de comunicación audiovisual.
LEY MODERNA La ley define por primera vez un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria para el intercambio de datos entre administraciones, profesionales e investigadores, así como para facilitar los conocimientos más avanzados en la materia. "Es una ley moderna y oportuna. Queremos poner fin a una dispersión normativa que existía en este terreno", subrayó Jiménez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
