El primer pleno ordinario de esta legislatura en el Congreso de los Diputados se celebrará hoy a lo grande. La Cámara baja tiene previsto admitir a trámite la que, posiblemente, será una de las leyes sociales más significativas de los próximos años: la que regulará la eutanasia, después de dos intentos fallidos anteriores. Ahora una amplia mayoría de los grupos políticos apoyan que España se convierta en el sexto país del mundo en permitir que aquellas personas con una «enfermedad grave e incurable» o «crónica e invalidante» y que tengan un «sufrimiento intolerable» puedan obtener ayuda para morir. Solo el PP y Vox -y algún grupo minoritario- se oponen abiertamente y se espera que voten en contra. Los populares no darán, además, libertad de voto a sus diputados.

El apoyo político, que emana del consenso social existente, no significa que la ley tenga por delante un camino de rosas. La llamada ley de muerte digna que presentó Ciudadanos y que regulaba el derecho a recibir cuidados paliativos a aquellos enfermos a punto de morir situación diferente a la que lleva a la eutanasia, a la que recurren pacientes como Ramón Sampedro que no están cerca del final de su vida- se demoró más de año y medio y no vio la luz por el adelanto electoral, aunque contaba con un respaldo unánime. Cs, de hecho, volvió a registrar ayer la norma, con las enmiendas negociadas y la esperanza de que en esta ocasión tenga vía libre.

NECESIDAD «URGENTE» / También dicen mantener esa esperanza y el firme propósito de acelerar los trámites los partidos proeutanasia. «La ley va a salir sí o sí [...]. La gente no toleraría que diferencias de matiz la retrasara ni un minuto más», afirmó ayer el vicepresidente Pablo Iglesias.

La entidad más representativa del colectivo, Derecho a Morir Dignamente (DMD), opina que, dado que existe una amplia mayoría, la «tramitación será rápida», porque hay familias esperando y se necesita con «urgencia», según subraya Isabel Alonso, presidenta de la asociación en Cataluña. No obstante, reconoce que algunas diferencias entre los partidos pueden retrasar su aprobación, como la que gira en torno a la creación de la Comisión de Control y Evaluación que autorizará, de forma previa y posterior, la ayuda a morir.

Se trata de una exigencia que no existe en el resto de los países que han autorizado la eutanasia y el suicidio asistido, y contra la que ya se han manifestado, entre otros, el Comité de Bioética de Cataluña. Según DMD, teniendo en cuenta los datos de Bélgica, donde pidieron ayuda para morir el 2% de los fallecidos, estas comisiones tendrán que atender a un volumen muy grande de solicitudes, lo que puede «bloquear» su funcionamiento y que algunos pacientes mueran esperando la autorización. Además, existe el riesgo de que las comunidades autónomas contrarias a la eutanasia, como son las administraciones competentes de su creación, nombren personas que no autoricen las peticiones.

Por ello, partidos como JxCat manifiestan que esta comisión les genera «dudas», aunque muestran su acuerdo con el 99% de la norma. Hace meses, cuando se intentó tramitar la ley por primera vez, ERC y Podemos también hicieron patente su oposición, pero ahora los morados, que forman parte del Gobierno, solo avanzan que la norma les parece un «buen punto de partida», si bien presentarán enmiendas. En el lado contrario, Ciudadanos alertó ayer de que quiere «incrementar las garantías y el derecho a la información de los pacientes para que las decisiones se tomen con un abanico de posibilidades amplio». Asimismo, el PNV advirtió de que defiende la eutanasia, pero con «férreos anclajes jurídicos, sanitarios, de libertad y responsabilidad», y así constará en sus enmiendas.

GARANTÍAS / Y, en medio de las presiones de unos y otros se sitúa el PSOE, el grupo proponente, que defiende la necesidad de que haya una comisión de evaluación para «cerrar las garantías» que contiene la ley, según explica María Luisa Carcedo -que hoy defenderá la iniciativa- en declaraciones a EL PERIÓDICO. La también exministra de Sanidad pone como ejemplo que esta comisión tendrá la facultad de revocar las peticiones denegadas por el médico responsable, haciendo que el hospital facilite la prestación. Incluso así, el grupo socialista se muestra dispuesto a «debatir» todas las posibles objeciones que presente la oposición.