Hasta ahora, si un trabajador de la construcción deseaba crear una web española sobre sus experiencias en la obra y darle al portal el nombre de su oficio, se encontraba con el contratiempo de que no podía bautizarlo como www.albañil. es. Tampoco era posible crear una página en internet a mayor gloria de esa cebolla tan típica de Valls y llamarla www.calçot.es. Los únicos caracteres admitidos en el dominio .es --a diferencia del cat-- eran, aunque pueda parecer paradójico, los propios del alfabeto inglés. Nada de ñ y nada de ç. Pero eso va a cambiar.
El proyecto de ley de medidas de impulso a la sociedad de la información, aprobado ayer por el Gobierno y que ahora se remitirá al Parlamento, permite que Red.es, la red española de internet, asigne nombres de páginas web que incluyan caracteres propios de las lenguas españolas. En rigor, sin embargo, Red.es podía haber permitido que estas letras inexistentes en el alfabeto inglés estuvieran presentes en los nombres de portales españoles, pues el Icann (la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de, como su nombre indica, asignar los nombres de dominio y las direcciones IP, acabó con la histórica dictadura de la grafía inglesa en las direcciones de internet hace un par de años. Coreanos, chinos o japoneses se aprovecharon de esta reglamentación, pero no los españoles.
ACABAR CON LA BRECHA El proyecto de ley, que pretende eliminar "las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones" e innovar la normativa "en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios", también obliga al Gobierno, en colaboración con las comunidades, a impulsar la extensión de la banda ancha --o internet de alta velocidad, que creció un 40% durante el pasado año-- para que exista "la mayor cobertura posible" en el territorio español antes del final de este año. Lo que se pretende con esta medida, según explicó ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, es "acabar con la brecha digital entre zonas urbanas y zonas rurales".
La norma, asimismo, incorpora medidas como que las empresas que sean consideradas "grandes" --bien porque cuentan con más de 100 empleados, o volumen de operaciones de más de seis millones--, y presten servicios al público como la electricidad, el agua o el gas, dispongan de medios para que sus clientes puedan celebrar contratos con ellas a través de la red, efectuar reclamaciones o cambiar sus datos. Esto es algo que, en cualquier caso, muchas compañías ya han instaurado.
Los proveedores estarán obligados a informar a los usuarios sobre los medios de protección frente a problemas de seguridad como virus informáticos, programas espías o correos basura.
