Ni eutanasia ni referencias al término "muerte digna", y mucho menos el de suicidio asistido, para que no haya equívocos. La ministra de Sanidad, Leire Pajin, explicó ayer que la nueva "ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida" --como fue denominada oficialmente ayer tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros-- se centrará en garantizar los derechos de los pacientes en fase terminal y los deberes del personal sanitario para procurar que este trance se produzca con "dignidad, calma y menos sufrimiento".
"No figuraba en nuestro compromiso político", dijo Pajín para explicar que la futura norma, que será llevada al Congreso en junio, no vaya más allá despenalizando la eutanasia o abriendo la puerta a métodos que provoquen la muerte.
Sin embargo, en el programa electoral del 2004 el PSOE defendía la creación de una comisión en el Cogreso que estudiara despenalizar el derecho a la eutanasia.
La norma aprobada ayer se centra en regular un modelo de garantías y mayor seguridad jurídica para los profesionales y, sobre todo, de derechos para los pacientes. "Regulará --ennumeró Pajín-- los derechos a la información asistencial, la toma de decisiones, tratamiento del dolor y acompañamiento e intimidad en los últimos momentos, y evitará el sufrimiento innecesario y el ensañamiento terapéutico". Para ello, consagra el derecho a renunciar a un tratamiento y al uso de sedaciones terminales aun a costa de acortar la agonía y acelerar la muerte
Pajín confió en lograr el mayor consenso posible, incluso con la Iglesia Católica. "Escucharemos su opinión. Me constaque en su seno hay gente a favor de los cuidados paliativos y de aliviar el sufrimiento cuando no hay esperanza para la vida", dijo la ministra.
