Seguridad. Esa es la prioridad que se ha marcado el Gobierno en el conjunto de 1.300 grandes presas y embalses existentes en España (una gran parte de ellos en Extremadura, la comunidad con más kilómetros de costa interior del país). El Ejecutivo prepara una nueva ley sobre seguridad de las grandes presas que supondrá que estas instalaciones, algunas con muchos años a cuestas, tendrán que pasar revisiones y controles, como las ITV de los vehículos. Los realizará una agencia pública, anunció ayer en Barcelona el secretario general del Ministerio de Medioambiente, Antonio Serrano.

Recientemente se ha acabado un censo de este tipo de instalaciones, hasta ahora inexistente, en el que se irán incorporando también las balsas y pequeñas construcciones privadas, que son las que más se escapan del control administrativo, afirmó.

A la vez se ralentizará la construcción de nuevas instalaciones de este tipo, ya que la reforma del Plan Hidrológico Nacional establece la necesidad de estudios no solo de impacto medioambiental, sino económico y financiero y prioriza la concertación entre las distintas partes implicadas, desde Administraciones, hasta ciudadanos, explicó.

Serrano, que participó en el 22 Congreso Mundial de Grandes Presas en Barcelona, aseguró que en la actualidad 27 nuevas presas están en construcción y que "no se sabe si se harán" el resto, hasta alcanzar 70 que estaban previstas inicialmente. El secretario general del ministerio afirmó que el objetivo de las revisiones será garantizar que las prestas están "en perfectas condiciones de funcionamiento".

EL ENCUENTRO En el congreso que se celebra en Barcelona participan 1.300 expertos de 75 países. Según el presidente de la Comisión Internacional de Grandes Presas, Cassio B. Viotti, las presas se han revelado como un mecanismo eficaz para el autoabastecimiento energético de los países en desarrollo, como Brasil o China; y para los pobres, ya que la energía a partir del agua "es más accesible que el petróleo" para estos estados.

Los participantes debatirán sobre previsiones y la necesidad de grandes presas, los beneficios de la extensión de estas infraestructuras como reguladoras del agua o su importancia para evitar catástrofes como sequías o inundaciones, que en el caso de estas últimas son responsables de 70.000 muertes al año.