La ley sanitaria del 2012, que fue aprobada por el PP y que dejaba a los inmigrantes irregulares fuera de la cobertura pública, no solo aumentó un 15% la mortalidad en este colectivo, sino que también provocó, en toda España, un descenso de entre un 16% y un 19% de las denuncias (no así las agresiones) por violencia machista entre las mujeres inmigrantes. Perder el acceso a la salud universal empujó a buena parte de este colectivo a dejar de visitar sus centros de atención primaria (CAP), donde los médicos de familia juegan un rol fundamental a la hora de observar signos de violencia en las mujeres y empujarlas a denunciar.
El real decreto ley 16/2012 del PP pretendía «garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». Abolirlo fue una de las prioridades del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y por eso lo sustituyó en julio del año pasado por el RDL 7/2018, que devolvía (en teoría, porque no evitó del todo las irregularidades) la asistencia a toda la ciudadanía de España. Con todo, los seis años de exclusión sanitaria pasaron factura. La ley del 2012 supuso un cambio de paradigma de la atención sanitaria: para ser atendida, la persona debía trabajar y estar asociada a la Seguridad Social, lo que excluyó a aquellas en situación irregular y que no tenían un permiso de trabajo.
El estudio / «La reforma sanitaria hizo descender las probabilidades de que las mujeres inmigrantes denunciasen a su agresor», sostiene Judit Vall, profesora de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y autora, junto a Caoimhe Rice (Universidad de York), del estudio Hit where it hurts: healthcare access and intimate partner (Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género). El estudio analiza cómo las limitaciones de acceso a la sanidad afectaron a las estadísticas sobre las denuncias por violencia machista.
Los motivos por los que el colectivo de mujeres inmigrantes denunció menos fueron fundamentalmente dos. «Si el sistema es más restrictivo con ella, la mujer se siente más desamparada, menos empoderada. Aquellas mujeres que viven una situación de irregularidad legal tienen más miedo a ser deportadas», cuenta Vall, quien apunta el segundo motivo. «Si pierdes el acceso al sistema de salud universal, vas menos al CAP. Y el médico de cabecera es uno de los actores más importantes para convencer de denunciar», dice.
Vall valora como «muy alta» la importancia del médico de familia a la hora de detectar la violencia machista. «Una parte muy grande de las denuncias vienen motivadas por una simple visita al médico de cabecera. Él es, a menudo, el que detecta los primeros síntomas. Los médicos de la primaria tienen formación en violencia de género y o bien anima a denunciar, o deriva el caso a los servicios sociales», dice la investigadora. Por eso es tan importante que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la atención primaria, ya que es la manera de «empoderarlas» y que denuncien.
Según el estudio, las denuncias por violencia machista entre las mujeres inmigrantes descendieron «en todas las regiones de España». Con todo, esta bajada de denuncias oscila entre el 16% (en las comunidades donde el impacto de la ley del PP fue menor) y el 19% (aquellas en las que la norma se implementó de manera «más estricta»).
La investigadora explica por qué este descenso de denuncias entre las mujeres inmigrantes es atribuible a la retirada de la cobertura universal en sanidad. «Mediante la recogida de datos mensuales, vemos que automáticamente desde la entrada en vigor de la reforma sanitaria, en septiembre del 2012, se reducen el número de denuncias por violencia doméstica. Y estas denuncias caen solo en el caso de las extranjeras, no entre las nativas españolas», explica.
Segundo motivo / Además, hay un segundo motivo por el que atribuir este descenso de las denuncias al RDL 16/2012. «Con el análisis diferenciado de las comunidades autónomas, vimos que el impacto fue distinto. En aquellas regiones en las que se implantó de un modo más estricto la ley, las denuncias por violencia doméstica bajaron más (hasta un 19%), mientras que en aquellas donde no fue así, estas descendieron menos (un 16%)», añade. Cataluña, Asturias o Galicia fueron las comunidades donde esta ley estatal tuvo un menor impacto. Por el contrario, Madrid, las Islas Baleares o Murcia, aquellas en donde el impacto fue mayor.
El decreto del PP prestaba atención a «situaciones especiales» en las que embarazadas, menores, víctima de trata, refugiados y cualquier persona que necesitara acudir a las Urgencias sí podían acceder a la sanidad pública aunque su situación fuera irregular. Pese a ello, se dieron casos de exclusión en personas que sí tenían derecho a ser atendidas pero lo desconocían. «Hay evidencias de personas que no tenían que perder el acceso al sistema de salud, pero lo perdieron debido a la confusión que generó esta ley».
