Una vez que la epidemia del coronavirus parece contenida, el Gobierno quiere empezar a recuperar los proyectos legislativos que quedaron aparcados para frenar una amenaza a la salud mundial de dimensiones desconocidas. Entre ellos, el Ejecutivo prevé aprobar en Consejo de ministros, como máximo en un par de semanas, el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una norma que a priori cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero que debido a las repeticiones electorales y el bloqueo político se ha ido retrasando, para disgusto de los colectivos que apoyan a la infancia y de las víctimas de abusos sexuales.
En España se interponen cada día más de 100 denuncias por casos en los que la víctima es un menor de edad. Y estos datos suponen solo la punta del iceberg porque muchos niños no se atreven a exteriorizar que son objeto de acoso o abusos sexuales en el colegio, sus casas u otros lugares. Frente ello, la intención del Gobierno es aprobar una norma integral que convierta a la infancia en un colectivo de especial protección. Y de aprobarse definitivamente la ley (para lo cual hacen falta meses), España se convertirá en un país referente, puesto que los países nórdicos tienen legislaciones ejemplares contra el maltrato en el ámbito familiar pero ningún Estado de la UE tiene una ley integral que busque atajar la violencia en todos los entornos.
Estos son los aspectos más destacados del proyecto legal, según el texto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO:
La prescripción de los delitos, a partir de que la víctima cumpla 30 años
Una de las principales peticiones de las víctimas de abusos sexuales es que se amplíe el plazo de prescripción de estos delitos, que en la actualidad caducan entre cinco y 10 años a partir de la mayoría de edad de la víctima. Y es que muchas personas no se atreven a denunciar hasta que han pasado décadas desde que sufrieron las vejaciones, lo que ha provocado que, por ejemplo, en el caso Maristas, de los 13 profesores denunciados, solo uno fue a juicio y por cuatro de las 17 denuncias. Ante estos y otros escandalosos casos de impunidad, el Congreso aprobó por unanimidad solicitar que el plazo de prescripción comience a computar cuando la víctima cumpla 30 años, petición que ha sido incluida en el anteproyecto legal por el Ejecutivo, que ha ultimado el equipo del área social, que capitanea Pablo Iglesias desde la vicepresidencia.
Nuevos delitos en internet y endurecimiento del tercer grado
La norma crea además nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual. Además, prevé que las autoridades judiciales retiren estos contenidos de internet para evitar la persistencia delictiva.
Asimismo, el anteproyecto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños.
El deber de denunciar y la prueba preconstituida
El proyecto legal establece el deber de denunciar las situaciones de violencia ante la autoridad competente, una exigencia que se configura de forma más severa para los colectivos que tienen encomendada la asistencia, la enseñanza o la protección de los menores. Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de contenidos en internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, sean o no delito.
Asimismo, se obliga a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales a la práctica de la prueba preconstituida, que consisten en que la víctima realice una única narración de los hechos ante el juzgado de instrucción, sin que sea necesario que repita una y otra vez las vejaciones que ha sufrido, lo que provoca una doble victimización.
Protocolos de actuación en colegios y agentes especializados
La ley apunta la necesidad de establecer protocolos de actuación frente al acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y otras formas de violencia en los centros educativos, donde se creará la figura del coordinador de bienestar, así como en los centros sanitarios, deportivos y de ocio.
También prevé que las fuerzas y cuerpos de seguridad dispongan de unidades especializadas en la prevención y detección precoz. Por último, mandata al Gobierno a la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de crear la especialización en la jurisdicción penal y civil, así como en el Ministerio Fiscal.
Registro unificado de datos, ante la falta de una estadística fiable
Y, con el fin de tener una información mucho más fiable de la que se dispone hoy en día sobre el número de menores que sufren violencia, la ley crea un registro central de información al que juzgados y policías deben suministrar información sobre las víctimas, las vejaciones o delitos que hayan sufrido, así como sobre quiénes son los agresores. Con ello, se tendrá una fotografía más real sobre un problema oculto y tan preocupante.
