La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, también del PSPV-PSOE, han quedado hoy en libertad tras prestar declaración judicial ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela.

La jueza instruye, bajo secreto de sumario, una investigación relacionada con el posible cobro de comisiones ilegales para impulsar un plan urbanístico en San Fulgencio, cuya población no supera los 10.600 habitantes, el 80 por ciento de origen extranjero. Sin embargo, la alcaldesa, tras afirmar a su salida de los juzgados que tanto ella como el edil están "muy tranquilos", ha asegurado que "la acusación no es por ninguna trama urbanística".

A preguntas de los periodistas de si la alcaldesa y el edil salían en libertad "con o sin cargos", el abogado de ambos, José Pardo, ha manifestado que "en el Derecho español no existe eso de estar con cargo o sin cargos".

No obstante, el letrado ha apuntado que "no hay nada de corrupción urbanística", pues, según ha añadido, "aquí todo es un problema de dogmática penal, es decir, saber si lo que ha pasado -hecho que ha eludido explicar- es delito o no". "A mi juicio, no es delito y no procedía ante el juzgado realizar las detenciones", según el abogado, quien ha afirmado que "no hay corrupción política".

Por su parte, la alcaldesa ha reiterado que "la acusación no es por ninguna trama urbanística". "Puedo seguir al frente de la Alcaldía y lo voy hacer", ha subrayado Martínez, después de que fuera interrumpida por el edil de Seguridad al exclamar éste: "No hemos hecho nada".

Tanto la alcaldesa como el edil, así como el abogado y asesor del citado ayuntamiento, fueron detenidos ayer por orden de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han anunciado que informarán en las próximas horas a los medios de comunicación sobre la resolución que haya adoptado la titular del Juzgado oriolano, instructora de estas declaraciones.

La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil, por otro, fueron conducidos a las 12,30 horas en dos coches camuflados de la Policía hasta el garaje de los juzgados oriolanos, desde donde han sido trasladados a otras dependencias judiciales. La llegada de los detenidos estuvo precedida de la del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, quien acudió a las instancias judiciales antes del mediodía.