"A las empresas mineras no les sale rentable preocuparse por los residuos cuando abandonan la actividad, pero al final lo pagamos todos". Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana en 1998, se muestra contundente sobre el riesgo de que se repita un vertido como el que hace 10 años arrasó la cuenca del Guadiamar en Sevilla. La zona se ha regenerado y está "mejor que antes de la catástrofe", coinciden científicos, políticos y ciudadanos pero la falta de planes de tratamiento de las empresas que manejan estos residuos induce a pensar que el desastre sirvió de poco.

Al amanecer del 25 de abril de 1998, Ferrer recibió una llamada que le alertó de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España: la balsa de residuos de la mina de Boliden en Aznalcóllar se estaba rompiendo y arrojaba seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos de pirita. "En el camino, no dejaba de pensar a qué se podía parecer esa cantidad de lodo desparramada por el suelo". La mancha negra, que llegó a las puertas del parque de Doñana, desbordó los ríos Agrio y Guadiamar y se extendió hasta ocupar 63 kilómetros de cauce y 4.634 hectáreas de terreno.

Más allá de la descoordinación por las disputas políticas entre administraciones de distinto signo, los científicos empezaron a trabajar y la riada tóxica estuvo controlada en dos días. "Una de las claves fue que se escuchó la visión objetiva de los científicos --explica Ferrer--, aunque tampoco pedimos permiso para hablar, solo actuábamos". La limpieza duró hasta el 2000.

Mentras, Boliden está inmersa en una larga batalla judicial, aún no ha pagado los 90 millones de la limpieza.