El Ayuntamiento de Lleida puede desde ayer multar a las prostitutas que ejerzan esta actividad en la vía pública y a aquellas personas que contraten sus servicios, gracias a la entrada en vigor de la normativa municipal que fue aprobada en pleno hace un mes.
Este nuevo régimen sancionador del municipio catalán prevé multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas como a los clientes.
La ordenanza de civismo estipula dos fases de actuación de los agentes de la autoridad ante la detección del ejercicio de la prostitución a la vía pública. En primera instancia, los agentes pedirán a las prostitutas que desistan de ejercer la actividad. En una segunda fase, y en el supuesto de que éstas rehúsen a dejar de practicar su trabajo, o si el servicio se consuma, el agente interpondrá una denuncia que podrá derivar en una sanción.
El PSC, que tiene mayoría absoluta en el consistorio, contó para la aprobación de la norma con el apoyo de CiU y PP, mientras que ERC se abstuvo a la espera de poder comprobar las consecuencias de la aplicación de la ordenanza e ICV votó en contra al considerar que "criminaliza a las trabajadoras sexuales".
