Otra vez las lluvias y las inundaciones azotan el noreste de Brasil. De nuevo las pantallas de los televisores se saturaron de imágenes de la catástrofe. Pueblos devorados por el agua, unos 1.200 kilómetros de carreteras destruidas, puentes hechos trizas, ciudades sin luz, serios problemas de abastecimiento, inmensos lodazales... Algunos tejados o campanarios de iglesias quedan como indicios de que allí hubo vida hasta hace unos días. Según las autoridades, 41 personas han muerto desde el domingo. El número de desaparecidos es aún confuso: de acuerdo con las fuentes, oscilan entre las 600 y las 1.000 personas.
Hasta el momento, Defensa Civil ha reportado que 40.000 personas debieron evacuar sus hogares en 54 municipios del estado de Pernambuco. En el estado de Alagoas, la cifra supera los 80.000 y afecta a 22 municipios. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ordenó que se liberen de urgencia fondos por unos 150 millones de dólares para enfrentarse a la devastación.
Las autoridades tampoco se ponen de acuerdo sobre la magnitud del desastre. Algunos creen que lo peor, que ya es mucho, ha pasado. Otros temen que las lluvias, que continuarían todo el miércoles, puedan agravar más las cosas. Como ya ocurriera en el 2009, cuando fallecieron 44 personas en circunstancias similares, el noreste volvió a poblarse de escenas de dolor y desesperación. Madres que buscaban a sus hijos. Hijos que hacían lo propio con sus padres. Familias despedazadas por el poder destructor de la naturaleza y la impericia humana.
La prensa volvió a criticar la lentitud con la que el Gobierno hizo frente a la nueva desgracia. "Lula debió anticiparse y movilizar a las Fuerzas Armadas para ayudar a las familias castigadas. No precisaba mucho. Solo bastaba analizar lo que aconteció en los dos últimos años, en este mismo periodo, para planificar acciones que sean capaces de atenuar el sufrimiento", dijo en su editorial el diario El Progreso . La mayoría de las víctimas se encuentran en Alagoas, donde se declaró el estado de emergencia y calamidad después de que se desbordara el río Mundau y rompiera una presa. Los bomberos informaron a la prensa de que los poblados a la orilla de ese afluente tuvieron dos destinos desgraciados: fueron "borrados del mapa" por la crecida o quedaron "aislados". "Hay muchas personas de las que no sabemos nada. Rezamos para que estén con vida. Estamos preocupados porque hay cadáveres que comienzan a aparecer en las playas y en los ríos", dijo el gobernador Teotonio Vilela Filho.
Efectivos militares de Sao Paulo, Río de Janeiro y Sergipe iniciaron la búsqueda de los desaparecidos. En Pernambuco, las muertes fueron consecuencia de los deslizamientos de tierras.
SOCORRO Lula reunió el lunes por la noche al comité de crisis, que incluye a sus ministros y los gobernadores de los estados afectados, para decidir las inmediatas acciones de socorro. Los primeros informes dejaron perplejo al presidente, quien, ante las evidencias, ordenó movilizar todos los recursos estatales. El acceso a las zonas más castigadas solo puede realizarse por medio de la Fuerza Aérea (FAB). Eso dificulta la eficacia de la ayuda humanitaria. A uno de los primeros helicópteros se subió el ministro de Defensa, Nelson Jobim. "Llevamos un hospital de campaña. Vamos a realizar en el lugar un informe sobre los daños ocasionados", dijo.
En abril pasado, Río de Janeiro fue azotada por lluvias torrenciales, que causaron el desmoronamiento de varias colinas. La policía todavía no concluyó el recuento de los casos fatales: solo se encontraron 229. El número de decesos es mayor. Los efectos de la naturaleza han sido más letales en las zonas donde existe un alto riesgo social.
La vida en el interior de Pernambuco y Alagoas no es muy diferente a la de la periferia de Río. Con el agravante de que las lluvias e inundaciones del año pasado no parecen haber dejado una enseñanza importante en sus autoridades.
