Tras pasar, desde que fue detenido, el 17 de diciembre, su primera noche en libertad, el director ejecutivo de Greenpeace en España, Juan López Uralde, ofreció ayer por la mañana una rueda de prensa a bordo del buque insignia de la organización, el Rainbow Warrior , atracado en el puerto de Copenhague, donde pudo por fin expresar a placer la indignación por el trato recibido durante estos 20 días de cárcel, acusado de allanamiento de morada, suplantación de autoridad pública y falsificación de documentos; la desmedida consecuencia, en su opinión, de irrumpir en la cena que la reina Margarita ofrecía ese día, en el marco de la cumbre del clima, a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital danesa. "Ha sido desproporcionado, cruel e innecesario", manifestó.

"En principio nos dijeron que no habíamos cometido ningún crimen y que podíamos regresar a casa al día siguiente --declaró--, pero después nos dijeron que no, que íbamos a ingresar en prisión preventiva". López Uralde dijo que no tiene presentación, ni justificación, que en pleno siglo XXI y en plena Unión Europea se encarcele a unos activistas "por una acción pacífica", y que una vez en prisión se les impida hacer "una llamada", "tener un libro para leer", "recibir cartas o correos electrónicos".

DERECHO DEMOCRATICO El responsable de la oenegé ecologista defendió el "derecho democrático" de la sociedad civil a la protesta pacífica y aseguró que volvería a colarse "mil veces" en la cena real; aunque, tras 20 días encerrado --Navidad y Nochevieja lejos de su familia-- lo que más deseaba era "llegar a casa". Y ayer mismo voló a Madrid.

Flanqueado por los otros tres activistas de la organización detenidos en el marco de la cumbre climática --la noruega Nora Christiansen, el suizo Christian Schmutz y el holandés Joris Thijssen--, López Uralde calificó las condiciones de su detención de "durísimas", atribuyó su puesta en libertad a "la presión internacional y de la ciudadanía" y clamó repetidas veces contra la "desproporción" de la respuesta de las autoridades danesas; evidentemente, dijo, era consciente de que su acción tendría consecuencias; lo que no calculaba --lo que tal vez pocos podían calcular-- es que tendría semejantes consecuencias. "Se saltaron derechos humanos básicos", reiteró más tarde, en una entrevista que concedió a RNE.

El responsable ecologista se declaró "muy tranquilo" cara al proceso judicial, que podría acarrearle hasta seis años de cárcel, y subrayó que Greenpeace acatará "cualquier decisión". Al respecto, una cincuentena de organizaciones sociales españolas expresaron ayer su apoyo a López Uralde y señalaron que presionarán para que retiren "todos los cargos" que pesan sobre el director de Greenpeace. Sus responsables tildaron de "desmedida" la prisión preventiva contra los cuatro miembros de la organización y pidieron el endurecimiento de las sanciones "contra los que dañan el medio ambiente"; mejor eso que "encarcelar a los que luchan por él".