El Gobierno acelerará la puesta en marcha de protocolos de detección para que el personal sanitario sepa reconocer y ayudar a las víctimas de la violencia machista, dado que el 72% de las fallecidas este año no habían denunciado a su agresor, lo que impide poner en marcha los mecanismos de protección que prevé la ley integral. Esta fue una de las conclusiones de la reunión urgente que la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín, mantuvo ayer con su equipo, Interior, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, y la fiscal delegada Soledad Cazorla. Al término del encuentro Pajín afirmó que el grupo de trabajo se reunirá varias veces al año, para examinar "permanentemente" la lucha contra esta lacra. A continuación se detallan las medidas anunciadas por Pajín y se enmarcan en el balance de un año negro en el combate contra la violencia sexista.

LAS DENUNCIAS

Ayuda a las mujeres que no la piden

El Gobierno y los especialistas judiciales han constatado que, en términos generales, cada vez más maltratadas piden ayuda. En estos momentos hay 95.041 mujeres con medidas de protección y han aumentado un 17% las denuncias desde el 2007. Sin embargo aún existe una bolsa de afectadas, en la que normalmente están los casos más graves, que no da este paso fundamental. Solo 51 de las 71 fallecidas este año habían denunciado a su agresor.

Para poder ayudar a estas víctimas, el Gobierno potenciará las campañas de concienciación dirigidas a las afectadas y su entorno. Por otro lado, como las acciones informativas no llegan a todas las mujeres, el grupo de trabajo acordó ayer mejorar los mecanismos para detectar el maltrato. En este sentido, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó por unanimidad recientemente la propuesta de Sanidad de poner en marcha protocolos de actuación en los centros de salud.

Según fuentes del ministerio, los expertos han descubierto que las víctimas se sinceran especialmente con las enfermeras. Por tanto, para que este colectivo y el resto del personal sanitario reconozcan cuándo una mujer sufre malos tratos y sepan qué hacer en estos casos, se acelerará la puesta en marcha de protocolos en todos los centros de salud y de servicios sociales.

LA PROTECCION

Estimular la colocación de pulseras GPS

El cónclave acordó estudiar qué ha ocurrido en el caso de las víctimas mortales que sí habían pedido ayuda (20 mujeres). Pajín explicó que para disponer de un análisis profundo de la violencia machista el grupo analizará "caso por caso" los asesinatos de este año y anteriores. Asimismo, se encargará un estudio criminológico sobre los maltratadores condenados para investigar qué lleva a un maltratador que golpea ocasional o habitualmente a su pareja a dar el paso de acabar con su vida.

Pajín volvió a pedir a la representante del Poder Judicial que "estimule" a los jueces para que impongan la colocación de las pulseras con GPS que localizan permanentemente al agresor. Hay 3.000 dispositivos y solo se han colocado 495, pese a que la pulsera ha impedido nuevas agresiones en todos los casos en que se ha utilizado.

La justificación de los magistrados es que no siempre disponen de datos suficientes para saber si la afectada sufre un riesgo tan alto como para decidir medidas cautelares contra el agresor.

Por eso, el grupo de trabajo acordó también que se mejoren los mecanismos para calificar el peligro que sufren las maltratadas.

LA PRECARIEDAD

Los efectos de la crisis en la ira del agresor

El Gobierno no considera que la crisis haya influido en el repunte de las agresiones mortales. De hecho, este factor no se trató en la reunión.

Sin embargo, los especialistas que trabajan en centros de apoyo a las víctimas difieren de esta versión.

En su opinión, la falta de un trabajo no provoca que ningún hombre se convierta en un agresor, pero sí acrecienta la ira de los maltratadores, encrespa las discusiones de pareja y dificulta que algunas víctimas rompan con sus compañeros.