La Comunidad de Madrid, con su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, al frente, se volcó ayer en tratar de desacreditar al titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 4, Carlos Gómez Iglesias, a quien acusó de haber aplicado "criterios políticos y personales, pero no jurídicos" al dictar un auto que suspende cautelarmente, hasta que haya una nueva sentencia, la privatización de la gestión de seis hospitales. El consejero tachó el auto de "incomprensible" y anunció que lo recurrirá y continuará "con todo el empeño" con el proceso. Pero el magistrado deja claro que interrumpe el proceso para proteger "derechos fundamentales".
