El dictamen del abogado general del Tribunal de la Unión Europea (TUE) a propósito de la responsabilidad de los contenidos en casos de derecho al olvido en internet ha provocado la reacción de varias agencias estatales de protección de datos, que temen que el futuro reglamento europeo exima a Google. La pretensión del dictamen de que solo las webs tengan que borrar el contenido que sea dañino para particulares cuando así se les solicite abre una controversia que concluirá en forma de sentencia del TUE a fin de año y de reglamento europeo en el 2014.
Un debate en el que la agencia de protección de datos francesa (CNIL) considera que se tiene que poder pedir al motor de búsqueda que borre totalmente una información y sus réplicas de los resultados, además de al propietario de una web. La comisión que estudia la redacción del futuro reglamento europeo también consideró en un documento del 2012 el derecho a reclamar que se borren datos relativos a cuando se es menor o los datos ya no son necesarios.
"¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando no se puede localizar al dueño de una web, cuando el contenido está en muchísimas fuentes o cuando la web se aloja en un país fuera del ámbito de acción de la Comisión Europea?", se pregunta la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo que vela por la seguridad de los datos personales en España considera que Google tiene un papel más allá del automatismo del buscador que le atribuye el dictamen del abogado del TUE.
"Una empresa que en parte es la que ha generado el problema y que gana muchísimo dinero con la explotación comercial de los contenidos debería contribuir a reparar los daños que causa como parte de su responsabilidad social corporativa. Hay ciudadanos que están sufriendo las consecuencias", consideran fuentes de la AEPD. La agencia ha rechazado hasta ahora algunas de las 200 reclamaciones presentadas para retirar enlaces en nombre del derecho a la información, pero ha defendido bastantes al considerar que afectan a la vida personal de particulares sin proyección pública o hacen referencia a hechos pasados que pueden perjudicarles en su vida actual. "Se trata siempre de información privada que no tiene relevancia pública", dice.
La respuesta del buscador ha sido siempre que borrar contenidos a petición de los usuarios si no hay un delito de por medio sería alterar los resultados de búsqueda y que no va a "censurar en internet" porque perdería "credibilidad", como recordó la encargada de asuntos jurídicos de Google para España, Portugal e Israel, María González Ordóñez. La empresa, en estos casos, suele remitir al administrador de la web donde aparece la información o insta a que se reclame a la sede central en California, un estado donde el derecho al olvido solo está reconocido en casos de morosos.
Sin embargo, Google explica que acepta algunos casos: "Si un usuario nos lo solicita, eliminaremos información personal si creemos que puede perjudicarle de alguna forma en particular, como en casos de suplantación de identidad o fraude financiero. Entre este tipo de información se incluyen números de identificación nacional confidenciales, como el de la Seguridad Social, cuentas bancarias o tarjetas de crédito, así como imágenes de firmas. No se incluyen datos como la fecha de nacimiento, la dirección o el número de teléfono del usuario". Y sugiere al afectado: "Puedes intentar disminuir su visibilidad en los resultados de búsqueda a través de la publicación proactiva de información útil y positiva sobre ti mismo o sobre tu empresa".
Gran parte de los problemas vienen de la creciente digitalización de archivos, que ha hecho que los robots de Google consideren como nuevos textos muy antiguos y los presenten como novedad, explican los expertos consultados. Y de la dinámica del buscador, que prima las páginas más enlazadas o más consultadas por los internautas, o incluso sugiere asociaciones a partir de lo más buscado, algunas veces ofensivas.
OLVIDO Y HONOR "Hay casos en que se confunde el derecho al olvido con el derecho al honor. Pero mientras que el primero no caduca, en el segundo hay cinco años para reclamar", explica el jurista Pere Simon, que discute que Google no tenga responsabilidad cuando indexa contenido que se ha marcado como excluido y queda rastro. "Hemos de tener el derecho a decidir qué se hace con nuestros datos y no podemos renunciar a nuestros derechos en internet", recuerda la AEPD.
Las cuestiones relacionadas con el derecho al olvido van a ir en aumento porque ya hay una generación que va tener todos sus datos digitalizados", afirma un portavoz de la AEPD, que espera que "el tiempo lo ponga todo en su sitio y se vaya borrando lo que no es nuevo".
Lo cierto es que todos los actores de internet, internautas, buscadores, administradores de páginas web y legisladores, tienen en la cabeza que lo que se pone on line tiene muchas más posibilidades de quedar para siempre. No solo por la capacidad de réplica instantánea que da la tecnología sino por la acción humana y la mala idea de algunas personas, como demuestran los casos de acoso en la red.
Ahí las redes sociales están en el punto de mira y los legisladores europeos quieren obligarlas a implantar lo que se llama "privacidad por diseño". Es decir, que toda interacción sea por defecto privada y solo se pueda hacer pública expresamente. La iniciativa, impulsada por un think tank llamado Future of Privacy Forum, surgió en Estados Unidos y la apoyan todos los grandes de internet, incluidos Google y Facebook.
