Alta tensión en la huelga de limpieza viaria de Madrid. Una vez vencido el ultimátum municipal de 48 horas para que las concesionarias y los sindicatos llegaran a un acuerdo, el ayuntamiento encargó ayer a la empresa pública Tragsa que asumiera los servicios mínimos a partir de esta madrugada. Empresa y trabajadores seguían reunidos al cierre de esta edición.

Si la huelga no quedaba desconvocada antes, "desde luego" que Tragsa --dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente-- iba a entrar en escena esta madrugada, anunció el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento, Diego Sanjuanbenito, para cumplir en su totalidad los servicios mínimos. Estos están fijados en un 40%, del que según el consistorio solo se ha venido ejecutando el 60%. El ayuntamiento y el ministerio pidieron a la Delegación del Gobierno refuerzos policiales ante el temor de que se produzcan altercados. CCOO había expresado su deseo de que "no haya heridos" si Tragsa "revienta la huelga".

Los sindicatos estiman que la contratación de Tragsa supone un intento ilegal de violar el derecho de huelga y sustituir a unos trabajadores en paro por otros. A su juicio, solo sería posible si se declarara una alerta sanitaria, lo que aún no ha ocurrido.

DENUNCIA JUDICIAL Hacia las siete de la tarde, apenas dos horas después del límite que había fijado el consistorio para la resolución del conflicto, Sanjuanbenito presentó asimismo ante el juzgado de guardia una denuncia por el incumplimiento de los servicios mínimos y por diferentes hechos vandálicos, que según el ayuntamiento han causado daños por valor de más de 573.000 euros. Igualmente, el consistorio denuncia coacciones a los trabajadores que discrepan de la huelga, durante la que ha habido 19 detenidos.

Mientras, las concesionarias y los sindicatos negociaban contra reloj. El portavoz de la patronal, Francisco Jardón, veía "muy posible" llegar a un acuerdo que pusiera fin a la huelga indefinida, que ayer cumplía su undécimo día y que ha llenado de desperdicios las calles de la capital. Representantes de las empresas OHL-Ascan, FCC y Sacyr-Valoriza presentaban una nueva propuesta después de que los sindicatos rechazaran una reducción de los 1.134 despidos previstos a 296, pero que iba acompañada de rebajas salariales y cambios en las condiciones laborales. Los sindicatos exigen la retirada de los ERE.