La justicia ya ha tomado cartas en el asunto del hundimiento del Carmel. La primera querella, presentada por dos comerciantes, ha sido admitida a trámite con actuaciones ya inmediatas. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, ha pedido a la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat un informe sobre "la actividad subterránea desencadenante de los hundimientos".
Fuentes judiciales informaron de que una actuación importante e inmediata es que el juzgado debe ofrecer a todos los perjudicados la posibilidad de sumarse a las acciones legales. Cuando la Obras Públicas presente su querella, ésta se acumulará en el proceso abierto a raíz de la denuncia de los comercios.
La magistrada investigará los presuntos delitos de estragos y daños por imprudencia. Sin embargo, ha descartado investigar la acusación de encubrimiento hecha por los denunciantes porque considera que el hormigón vertido en los socavones responde a medidas de seguridad y no a la intención de ocultar pruebas. También pide la identidad de las personas físicas que aparecen como querelladas.
