La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se comportó ayer como era de esperar y abrió un expediente por falta muy grave de desatención al juez de Sevilla Rafael Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés. Para instruir dicho expediente contra Tirado, el CGPJ ha designado al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy, que tiene un plazo de 6 meses para concluirlo.
El órgano de gobierno de los jueces acordó también remitir las actuaciones del Servicio de Inspección a la Fiscalía del Estado, el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía para que investiguen la posible responsabilidad de otros funcionarios sometidos a su disciplina.
No hubo sorpresas y los cinco miembros de la comisión del CGPJ votaron hacer suyo el informe de la inspección, en el que se pedía expedientar a Tirado por no haber metido en la cárcel a Santiago del Valle desde que fuera condenado en firme en diciembre del 2005 a dos años y nueve meses. "Se aprecia que ha podido existir una cierta pasividad, una dejación de funciones y una ausencia de control sobre el personal del juzgado", explicó el portavoz del CGPJ, Enrique López.
En principio la ley le concede un plazo máximo de seis meses para concluir el expediente que instruirá el magistrado del TSJEx, pero fuentes del CGPJ señalaron que podría estar finalizado en tres meses al ser un caso de gran repercusión pública.
También explicaron que de las tres sanciones con que castiga la ley las faltas muy graves (suspensión de hasta tres meses, traslado forzoso y separación de la carrera judicial), la más probable para Rafael Tirado sería la de suspensión en su grado más alto. La sanción de traslado forzoso se suele aplicar a los jueces cuya falta está relacionada con la plantilla del juzgado o con los abogados que actúan en su jurisdicción, mientras que la de separación de la carrera se reserva a los casos extremadamente graves.
MEDIDA CAUTELAR Ninguno de los vocales planteó ayer que se suspendiera de forma cautelar a Tirado, aunque esta medida podría tomarse en cualquier momento si el instructor lo pide.
La comisión decidió además archivar la investigación de la presunta falta cometida por el magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González, que tardó casi tres años en dictar la sentencia firme que condenaba a Del Valle. Su posible infracción se considera prescrita al haber pasado más de dos años. En cuanto a la remisión de las pesquisas a varios organismos para que se investigue a otros funcionarios, se basa en el hecho de que la fiscalía y la Junta de Andalucía, que actuaba como acusación particular, no denunciaron demoras o irregularidades ni recurrieron las decisiones.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, opinó que en el caso de Mari Luz ha habido un "error personal" del juez que "no puede ampararse en la falta de recursos", mientras que el padre de la niña aseguró que la inhabilitación temporal de Tirado sería insuficiente, por lo que pidió mayor "contundencia" al CGPJ.
Asimismo, la comisión del CGPJ decidió archivar también la información previa abierta a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez, "por entender que no existe ningún tipo de responsabilidad en su actuación", al igual que ha hecho con la investigación abierta a los Juzgados de Instrucción número 3 y 4 de Gijón, que tramitaron diligencias contra Del Valle por abusos a otra menor.
De esta forma la Comisión Disciplinaria ha asumido íntegramente el informe que sobre este caso elaboró el Servicio de Inspección del Consejo.
