María, la madre que lleva una semana atrincherada junto a su hija de 7 años en el consulado de Uruguay para no cumplir con una sentencia que le obliga a entregar a la menor a su padre biológico, prevé cumplir finalmente el mandato judicial este viernes al mediodía. Si se mantiene el plan previsto, la mujer y la pequeña abandonarán la sede diplomática y, en el mismo rellano de la legación, ubicada en la cuarta planta de un edificio de la avenida de la Diagonal de Barcelona, la menor se quedará con su padre, Pablo.

El cambio de tutela será supervisado por agentes de los Mossos d’Esquadra, guiado por psicólogos del cuerpo policial y se efectuará en presencia de los abogados tanto de la madre como del padre. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, el episodio difícilmente dejará de ser traumático para la menor, que hace más de tres años que no ve a su padre y que percibe a su madre como su único referente familiar.

Los Mossos llevan una semana de guardia en ese rellano porque tienen orden de la jueza de Vielha (Valle de Arán) de coger a la menor y dársela en custodia al padre en cuanto salga del consulado, un lugar protegido por las leyes diplomáticas al que la policía catalana no puede acceder sin el permiso del cónsul de Uruguay. El Gobierno uruguayo ya había dejado claro que no iba a expulsar a madre, de nacionalidad uruguaya. Pero María, que a través de sus abogados -Ester García y Mario Guerrero- había tratado sin descanso de provocar un cambio por parte de la justicia española que no se ha producido, cederá y perderá la custodia de su hija. Ese es el fallo: que el padre reciba la custodia de la menor y que María pueda únicamente tener contacto con la niña durante dos horas semanales y en un punto de encuentro supervisado. La abogada del progenitor, Carme Simón, ha defendido durante este tiempo que la única salida era cumplir la resolución judicial.

El cambio de un progenitor a otro será, presumiblemente, algo doloroso para la menor, que desde el 2016, cuando todavía no había cumplido los 4 años, dejó de convivir con su padre. Aquel año, María viajó a Uruguay con la pequeña y una vez en el país latinoamericano descubrió, siempre según su versión, que presuntamente su hija habría sufrido abusos sexuales por parte del progenitor. El hallazgo provocó que María se quedara a vivir con la pequeña en Uruguay y que su exmarido denunciara en España la usurpación de la que también era su hija. Los psicólogos uruguayos dieron credibilidad a los supuestos abusos pero en el 2018, cuando la justicia española obligó a madre e hija regresar a Cataluña, estos fueron archivados. En España no se aceptaron estos informes uruguayos. El litigio civil que comenzó a partir de entonces por la custodia de la menor finalizó hace dos semanas y el fallo resolvió que la niña tiene que ir a vivir con su padre porque la madre supone un riesgo para la hija porque la manipulaba.

María tenía que entregar a la pequeña el pasado viernes, por decisión de la jueza de Vielha, a las diez de la mañana en el consulado uruguayo, adonde su padre iba a recogerla una hora más tarde. Sin embargo, el cónsul declaró que ese espacio no era competente para ejecutar sentencias de la justicia española y se negó a cumplir con el mandato de la togada. Madre e hija comenzaron entonces un atrincheramiento que ha durado siete días.

En Uruguay el caso de María ha cobrado una gran relevancia social porque para muchos la justicia española ha cometido un abuso al no hacer caso de los psicólogos uruguayos, al decidir que el punto de encuentro fuera el consulado -un gesto que se ha recibido como una ofensa- y al retirar completamente la custodia a la mujer.